Camacho y Pumari, los cívicos que destronaron a Evo Morales

No se trata de un golpe de Estado sino de hacer respetar la Constitución

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Marco Pumari a la izquierda, líder del comité cívico de Potosí junto Luis Fernando Camacho, líder del comité cívico de Santa Cruz, ondea la bandera. (EFE)

Golpe de Estado es el término en disputa ante la renuncia de Evo Morales, que ahora está asilado en México. En vista que las Fuerzas Armadas le sugirieron a Morales que abandone el poder para restaurar la paz, la izquierda política afirma que fue un golpe militar. Pero la Constitución y las calles dicen lo contrario. Dos hombres se han destacado como líderes de los comités cívicos, Marco Pumari en Potosí y Luis Fernando Camacho en Santa Cruz.

El comité cívico es una institución representativa de cada ciudad que conforma varios sectores: transportistas, empresarios, profesionales y comerciantes, que incluye desde obreros hasta médicos. Una vez convocados se reúnen en cabildos, herramienta constitucional que permite la democracia directa a modo de asamblea.

Solo en Santa Cruz se congregaron 1,5 millones de personas en un cabildo para rechazar la candidatura de Evo Morales, exigir la anulación del Tribunal Supremo Electoral y elecciones transparentes.

Los dirigentes de Santa Cruz y Potosí abarcan en conjunto la representatividad transversal del sector trabajador, desde empleados hasta empleadores. A su vez, integran el campo con la ciudad y a la par las diversas etnias que componen a la Bolivia plurinacional, concepto que instauró Evo y pretende usarlo a su favor para alegar racismo en su contra, cuando la realidad es que Camacho selló la alianza con el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Nelson Condori, un indígena de poncho rojo. Por medio de un abrazo pactaron la salida de Evo Morales.

En representación de la zona rural está Pumari, hijo de un minero. Tiene formación académica como administrador de empresas y experiencia laboral como dirigente de la Central Obrera Departamental, enfocado en sindicato campesino.

El «Macho Camacho», en cambio, es hijo de un dirigente cívico. Fue director de la Cámara de Industria y Comercio, Servicios y Turismo entre 2009 y 2015, tiene formación en derecho empresarial. También tiene experiencia sindical en la Unión Juvenil Cruceñista.

«Se nos agotó la paciencia, por eso, en coordinación con el movimiento cívico nacional, el Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) y las plataformas a nivel nacional, hemos decidido radicalizar el paro cívico nacional indefinido», sostuvo Camacho el 4 de noviembre.

Las ciudades se mantuvieron paralizadas, negocios cerrados, las calles colmadas de manifestantes que exigían el respeto a su voto, no solo del domingo 20 de octubre sino principalmente del 21 de febrero del 2016, cuando Bolivia dijo no en el referéndum que Evo pretendía utilizar para modificar al Constitución y así permitir su reelección.

Si bien el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas declaró: «Sugerimos al presidente de Estado que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia», no lo hizo por medio de la fuerza sino por respeto a la institucionalidad republicana.

Ya lo dijo anteriormente el rector universitario Waldo Albarracín, —quien fue brutalmente golpeado el día que comenzaron las protestas tras las irregularidades en las elecciones—, que el accionar del cabildo no se trata de un golpe de Estado, sino de hacer respetar la Constitución.

De acuerdo con el artículo 11 del capítulo tres de la Nueva Constitución Política del Estado:

«I. El Estado adopta para su Gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo».

Es decir, a diferencia de Evo Morales que ignoró la Constitución, que en su artículo 168 solo permite dos elecciones consecutivas, los ciudadanos bolivianos que protestaron contra el abuso de poder del mandatario, apelaron a la Carta Magna para removerlo de la presidencia.

Evo persiguió a los obreros

Fue precisamente la ciudad de Potosí, liderada por el comité cívico de Pumari, la primera que respaldó a Evo Morales. Decepcionados, tras 14 años en el poder y la toma forzosa del poder, anulando incluso la segunda vuelta electoral, es ahora Potosí la ciudad que marcó la salida definitiva de Morales; particularmente con el respaldo de la población indígena.

Los sindicatos obreros que apoyaron a Evo en sus inicios, le dieron la espalda tras los atropellos sufridos durante sus protestas.

En el 2011, por ejemplo, dimitió la Ministra de Defensa, por la represión contra una marcha indígena multitudinaria que exigía un alto a la construcción de vías en territorio ancestral. Este incidente fue uno de los primeros que puso en duda la tendencia indigenista y ecologista que Evo Morales ostentaba hasta el momento, por lo cual pidió disculpas públicas.

Pero el mayor distanciamiento de la causa obrera respecto a Evo Morales fue cuando avanzó con legislación para criminalizar en el Código Penal la protesta social con prisión.

Más de 150 organizaciones civiles acordaron declarar a Evo Morales como dictador

Esta acción fue la que potenció que se le llame «el nuevo dictador». Ya en julio del 2018 más de 150 organizaciones civiles acordaron declarar a Evo Morales como dictador y determinaron una agenda de actividades en «defensa de la democracia».

El fin era impedir que se vuelva a postular, para su cuarta elección. Pero el Tribunal Supremo Electoral se interpuso declarando su «derecho humano» la candidatura ilegal.

Y el 20 de octubre de este año se presentó a elecciones. Pese a que los resultados exigían un balotaje, Evo anuló la segunda vuelta y desató la ira ciudadana que logró presencia internacional. La OEA demostró que el 23 % de las actas mostraban irregularidades.

Tanto es así que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el único que hizo un golpe de Estado al irrumpir el proceso democrático fue Evo Morales y no que fue un golpe en su contra.

Al contrario, la salida de Evo Morales del poder, fue una acción civil desde la calle, con Pumari en Potosí y Camacho en Santa Cruz a la cabeza, en representación de los ciudadanos que exigían el respeto a la Constitución.

 

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