Perú: ¿lucha contra “migración delictiva” o persecución a venezolanos?

10 245 denuncias presentadas contra venezolanos suman al 79 % de las acusaciones contra extranjeros en Perú y solo el 1, 41 % de las denuncias totales

Embajador del Gobierno interino de Venezuela, Carlos Scull (izq.), reunido con el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán (der.). (Twitter)

La creación de una brigada especial para combatir crímenes perpetrados por venezolanos en Perú levanta una serie de hipótesis que generan alerta ante un posible aumento de la xenofobia, y hasta la violación de los derechos humanos de los extranjeros.

«Maduro nos inundó de delincuentes venezolanos», aseguró Carlos Morán, ministro de Interior de este país luego de conocerse la expulsión del territorio peruano de 131 personas con antecedentes criminales.

Sin embargo, algunos datos que han surgido revelarían que en Perú empiezan a pagar «justos por pecadores». El pasado mes de enero Morán anunció la creación de la «brigada especial contra migración delictiva», una especie de fuerza especial de la Policía Nacional que se dedicará exclusivamente a perseguir a «delincuentes extranjeros».

El ministro Morán explicó que la brigada estará compuesta por investigadores de homicidios, robos y secuestros quienes contarán con el apoyo de diferentes divisiones policiales. La medida causa preocupación entre dirigentes venezolanos y miembros de ONG en Perú debido a que la creación de dicha brigada levanta una seria alarma sobre la estigmatización de la migración y el modo en que se generaliza a los inmigrantes que huyen de la crisis ocasionada por el socialismo en Venezuela.

Más de 860 000 venezolanos se han exiliado en Perú, según cifras oficiales. No obstante, se estima que la cifra supera el millón, más de la cuarta parte de los exiliados, si son tenidos en cuenta quienes han ingresado a este país de forma irregular.

El pasado 27 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Gobierno del Perú a no fomentar mensajes que “estigmatizan” a la enorme migración proveniente de Venezuela:

La CIDH insta a autoridades del Perú a no promover discursos que estigmatizan a las personas migrantes venezolanas, y recuerda que la estigmatización no contribuye a una política pública efectiva de seguridad ciudadana.

Hay que recordar que en diferentes provincias del Perú se han llevado a cabo operativos e intervenciones contra venezolanos donde la mayoría son retenidos por las autoridades y luego son liberados. El derecho a la presunción de inocencia empieza a perderse.

“Estamos esperando que se aclaren los hechos, pero esos ciudadanos ya fueron liberados”, señaló el embajador de Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull, en relación con un reciente operativo que se dio en Trujillo.

Este martes 4 de febrero en diferentes zonas de Lima, la Policía Nacional del Perú inició redadas donde se habría llevado a diferentes comisarías a decenas de venezolanos pese a que estos tenían sus documentos en regla. Defensores de derechos humanos y representantes de ONG alertaron sobre la situación.

Venezolanos cometen solo el 1,4 % del total de los crímenes

Siete de cada diez peruanos tiene miedo al salir a la calle. Para apaciguar ese temor, el Gobierno del Perú ha incurrido en deportaciones masivas, varias televisadas, luego de una ola de protestas que pedían la expulsión de extranjeros. Sin embargo, según cifras de 2019 ofrecidas por el Ministerio de Interior difundidas por medios peruanos, menos del 2 % de los delitos cometidos en ese país son adjudicables a ciudadanos extranjeros.

Las 10 245 denuncias presentadas contra venezolanos en el 2019 suman al 79 % de las acusaciones contra extranjeros en el Perú. Aunque la cifra es numerosa, esta representa solo el 1,41 % de las denuncias totales. Cabe resaltar que si bien las denuncias contra venezolanos son la minoría a nivel nacional, a lo largo del 2019 sí ha habido una tendencia creciente de la violencia.

46,9 % de los venezolanos se ha sentido discriminado, según ONU

“Si cerramos las fronteras no entran más”, “Todos los venezolanos que están en mi país son delincuentes”, “Mi país no puede albergar tanta gente”, “Los venezolanos nos vienen a quitar el trabajo”, están entre las frases que la Acnur destaca como comunes. El malestar pasa de las palabras a las acciones, tanto que el 46,9 % de los venezolanos se ha sentido discriminado, según las cifras de dicha organización.

Y no se limita al caso peruano. En Ecuador se ha llegado incluso a quemar las viviendas de los exiliados venezolanos, como consecuencia del asesinato de una mujer embarazada por parte de su pareja: un venezolano.

Así es que «pagan justos por pecadores», logrando que la nacionalidad sea un agravante suficiente para dañar tanto a una persona como a su propiedad.

Pero el mayor daño es que para «remediarlo» ahora se propone no solo agregar más burocracia a la resolución del conflicto, sino que la creación de una brigada especial para perseguir a los venezolanos termina con la base de la justicia: la igualdad ante la ley, pues pretende tratar distinto a las personas dependiendo del lugar en el que nacieron.

Maduro envía delincuentes

Cada día aparecen nuevas pruebas que le demuestran a la comunidad internacional que el régimen de Nicolás Maduro está impulsando la criminalidad en otros países al permitirle a la delincuencia venezolana cruzar las fronteras.

El embajador de Guaidó en Perú indicó recientemente que ya se sabe “cuál es el comportamiento criminal de este señor (Maduro)”. Recordó cómo en los años ochenta Cuba enviaba presos comunes para infiltrarlos en la migración a Estados Unidos y crear caos en el país, estrategia que estaría copiando el chavismo.

“Nosotros sí hemos presentado colaboración con el Ministerio del Interior y con las instituciones del Gobierno peruano para ayudar a identificar a delincuentes de esta minoría del flujo migratorio, que estamos seguros que incluso vienen enviados por el Sr. Maduro, porque algunos tienen antecedentes penales o estaban acusados de algunos delitos en Venezuela o debían estar en las cárceles y estaban aquí en Perú”, afirmó el embajador.

Por su parte, Fermín Mármol, abogado criminalista, le dijo al PanAm Post que desde el punto de vista criminológico Venezuela es considerado un «país colador»: «Venezuela no tiene la fortaleza institucional como para impedir el ingreso y egreso de personas indeseadas, como los relacionados con el tráfico ilegal de drogas, de armas, el tráfico de municiones».

«En 2014 ya habíamos advertido la emigración de la criminalidad violenta venezolana, al Mar Caribe, Panamá, Colombia. Y al día de hoy sabemos que ha llegado a Estados Unidos y al Cono sur», agregó.

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