México: partido de gobierno propone proteccionismo estatal hasta del cine

López Obrador por medio de medidas económicas restrictivas ha cerrado las posibilidades de México ante el mundo, ahora su partido lo lleva al plano cultural

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El partido de López Obrador, Morena, pretende volver al Estado un ente regulador de lo que se ve. (EFE)

Teóricamente, las leyes se forjan para proteger a las personas tanto de los abusos del Estado como de los atropellos y ataques que pueden presentarse entre ciudadanos. Pero en el México de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevan dicha «protección» al ámbito gremial y lingüístico. Buscan regular contenidos audiovisuales, dándole al Estado el rol de «proteger» la lengua propia y como tal a los mexicanos de la lengua extranjera.

Junto al gremio de doblaje y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), el senador oficialista Martí Batres promueve reformar la Ley Federal de Cinematografía (artículos 8, 10, 23, y 42 fracción V).

Llevaron el “proteccionismo” —término que usualmente se aplica al plano económico— a nivel cultural. Ahora limitan incluso lo que se ve en el cine y así la posibilidad de que los ciudadanos se familiaricen con otras lenguas.

Lo más sobresaliente es la terminología con la cual lo proponen y lo que transmite. Implica una infantilización de la población. Morena pretende que las normativas que hasta ahora aplican para películas infantiles sean implementadas para todo público. También modifica la naturaleza del rol del Estado, de garante a ejecutor. Pues suplanta sugerencias («podrán») por órdenes («deberán»).

Según el artículo 8 de la normativa audiovisual vigente “las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español”.

El partido de Gobierno propone que sea de la siguiente manera:

«Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas en español, en los términos que establezca el Reglamento. Las películas cuyo idioma original sea distinto al español deberán contar con una versión doblada que permanecerá en igual número de salas, en cada complejo, y durante el mismo tiempo que la versión en idioma original, respetando los porcentajes del tiempo total de exhibición estipulados en el artículo 19 de esta Ley».

Con esta normativa se meten no solo con el producto que consume quien asiste al cine sino que intervienen directamente en la industria del cine y regulan cómo los dueños deben operar sus locales, sin considerar los costos que esto acarrea y tampoco cómo afecta su llegada a la clientela.

«En al menos un horario diario por sala, además, deberá ofrecerse una versión doblada a la lengua indígena predominante en la región», dicta la nueva normativa.

“En el caso de las películas cuyo idioma original sea el español deberán ofrecerse también en al menos un horario por sala una versión doblada a la lengua indígena predominante en la región”, agrega, lo cual nuevamente implica una intromisión por parte del Estado en la forma que un negocio se maneja y a qué clientela apela.

Pero la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) no está conforme, pues afirmó que “el público tiene el derecho de recibir la obra en la forma que fue originalmente concebida (derecho que es violado al modificarse el guion y cambiarse la voz), y al autorizarse el doblaje se coloca el interés privado (eminentemente de lucro) por encima del interés publico”.

Según el senador de Morena, el doblaje obligatorio beneficiará a 10 000 empleados

En cuanto al lucro, se refiere a los beneficios obtenidos por parte del ámbito gremial. Según el senador de Morena, Bartes, el doblaje obligatorio beneficiará a más de 10 000 trabajadores de la industria del doblaje en México.

Comúnmente los defensores del socialismo y consigo la intervención del Estado en la economía alegan que “debe ir el humano sobre el capital”. Pero en este caso es un partido de izquierda, Morena, quien prima las ganancias de una agrupación sindical por encima de los intereses de la población civil.

A su vez, expande el control del Estado por encima de la voluntad del ser humano, en algo tan básico como el tiempo de ocio.

El monopolio de las industrias ha sido insignia de la administración AMLO. Pese a que Pemex, la compañía estatal petrolera, está quebrada, el Gobierno mexicano canceló las licitaciones que aportarían miles de millones de dólares a la economía (solo ocho mil millones de dólares en el caso de la Refinería Dos Bocas), para conservar el monopolio petrolero en manos del Estado.

En el caso de las películas extranjeras, los defensores de la medida restrictiva alegan que es defensa de los derechos de los trabajadores del doblaje.

Rubros vinculados al cine critican la propuesta

Diversos sectores ya se han manifestado en contra, entre ellos la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), pues lo propuesto por Morena viola la norma de derechos de autor.

A su vez, María Novar titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, resalta el enorme costo del doblaje, entre 300 mil y 500 mil pesos (entre 16 y 26 mil dólares).

Además del costo, la medida no evalúa el impacto en las ventas que generaría este cambio implementado por el sector público.

Según la óptica de libre mercado, la oferta y la demanda rigen las posibilidades. Es decir, las personas eligen. De acuerdo a lo propuesto por Morena, el Gobierno mexicano mantiene la lógica opuesta: la estatista.

En vez de tratar a los ciudadanos como adultos capaces de tomar sus propias decisiones, el Estado determina hasta lo que ven y cómo lo hacen. Y ese es el camino que hasta ahora ha tomado el Gobierno de López Obrador.

Por el momento la medida aún no se ha aprobado. Mientras tanto, quien consume el producto, el ciudadano, está sujeto a lo que decidan sus representantes que hasta ahora proponen normas que infantilizan a los adultos, exigiendo cómo «deberán» ver películas.

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