El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exige más presupuesto para la seguridad del país más peligroso de Centroamérica. Ante la falta de respaldo del poder legislativo, irrumpió en el Congreso con resguardo militar, policial y un contingente de la sociedad civil aguardaba afuera del Parlamento entonando el grito de “¡insurrección!”.
La nación centroamericana terminó el 2019 con casi 1 000 homicidios menos. En junio del 2019, Bukele asumió la Presidencia y su combate al crimen organizado, particularmente contra las pandillas (maras), bajó drásticamente las cifras de homicidios. En los primeros 81 días de su Gobierno los homicidios bajaron de 8,8 a 5,7 por día. De hecho, luego de un mes en el Gobierno, julio se convirtió en el mes con menos muertes violentas desde abril del 2013, cuando hubo 143 asesinatos. Julio del 2019 cerró con 154 asesinatos, 47 % menos que los 291 homicidios ocurridos el mismo mes del año anterior.
Según el Gobierno, la disminución de homicidios se debe al Plan Control Territorial, implementado desde que Bukele asumió la presidencia en junio de 2019. Ahora exige más presupuesto para mantener el plan en pie. Por eso tanto las fuerzas de seguridad, así como parte de la población, respaldan al mandatario en esta campaña contra la delincuencia. No obstante, crece el miedo respecto al quiebre de la institucionalidad republicana tras el ingreso del presidente al Congreso de San Salvador escoltado por militares armados con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para exigir la aprobación del financiamiento. Desde el parlamento Bukele presionó a los legisladores y llamó a la insurrección popular.
Bukele intimida a diputados
En un hecho sin precedentes desde el fin de la guerra civil en #ElSalvador en 1992, el presidente Nayib Bukele ingresa acompañado de militares en el recinto de la Asamblea y da un ultimátum a los diputados para que aprueben un crédito. /ft pic.twitter.com/9efO41aVBl
— DW Español (@dw_espanol) February 10, 2020
“Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna”, dijo Bukele desde el asiento del ausente presidente del Congreso.
Advirtió a los legisladores que si “no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aun así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”. El citado artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
Miles de salvadoreños esperaron afuera del Congreso gritando “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”, avalando la acción del mandatario y exigiendo a sus representantes que financien el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado, de lo contrario amenazan con ejercer su “derecho constitucional”.
Izquierda marxista denuncia golpe de Estado
En respuesta, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido miembro del Foro de Sao Paulo, afiliado al Congreso Bolivariano de los Pueblos, a su vez compuesto de una coalición de las guerrillas activas en la guerra civil de los 80, acusó a Bukele de fomentar un golpe de Estado.
“Si tú crees que la confrontación y los golpes de Estado no traen graves daños colaterales estás equivocado (…) venimos de un conflicto (armado) largo y amargo para retroceder”, dijo Óscar Ortiz, secretario general del FMLN en conferencia de prensa.
Bukele denuncia que diputados se oponen a la seguridad
El presidente de El Salvador asegura que a los diputados del FMLN y de Arena (coalición de derecha) “no les interesa la seguridad del país”: “Con su negativa los diputados demuestran que están en favor de los criminales y en contra de la gente honrada y de los cuerpos de seguridad”, dijo Bukele.
El Gobierno adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debe de ser avalado por una mayoría calificada de 56 diputados en el Congreso.
Para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador y con impacto en todo el país, el dinero fue aprobado por el BCIE en octubre de 2019 con el fin de modernizar y fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Defensa Nacional.
Los diputados están ofendidos. Así que castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy.
De nuevo mintieron. No es de extrañarse, lo hacen siempre.
Lo que no entiendo, es como hay gente que los defiende. Aunque sean una minoría. https://t.co/GwiIl4Wjog https://t.co/2zHLuHAWqn
— ?? (@nayibbukele) February 10, 2020
La oposición denuncia falta de transparencia en el presupuesto
Los diputados de los partidos de oposición, FMLN y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, alegan que el Ejecutivo no ha especificado el uso de los fondos.
Cuando el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, entregó el contrato del préstamo al Congreso, aseguró que el dinero se destinaría a comprar equipos tecnológicos para combatir la delincuencia y serviría para renovar las instalaciones del Hospital Militar y fortalecer las clínicas para la atención a policías y soldados: “Queremos fortalecer los sistemas de vídeo vigilancia en el país, mejorar las capacidades institucionales, de movilidad y reacción investigativa, y proteger la identidad personal de las fuerzas que intervienen en el control de la seguridad”, afirmó.
Pero la oposición teme que alrededor de 25,9 millones de dólares del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de dudosa reputación, Grupo SeguriTech Integral Security, acusada de haber financiado viajes en avión privado al viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna.
Mientras están en conflicto el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tanto el embajador de EE.UU. como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA) llaman al diálogo y al respeto de la institucionalidad republicana.
“Podía haber tomado el control de todo. Me apoya el ejército, la policía y el 90 % del pueblo”, declaró el presidente Bukele en entrevista con El País.
Aunque el presidente tiene las cifras del combate a la criminalidad a su favor, al igual que el apoyo de las Fuerzas de Seguridad y buena parte de la sociedad civil, no reduce el miedo que implica el quiebre de la institucionalidad republicana al intervenir en el poder legislativo.