Venezuela habría pagado 54 millones a Podemos a través de Rafael Correa

Entrevista al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde el exilio

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Pablo Iglesias, líder de Podemos y actual vicepresidente de España (EFE)

El socialismo del siglo XXI, bolivariano, surgió en Sudamérica y llegó hasta España a través del partido Podemos, que hoy ocupa la vicepresidencia de España, mediante Pablo Iglesias, quien ahora está bajo investigación por haber recibido 54 millones de dólares del chavismo a través de su aliado Rafael Correa.

La CELAG, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, habría sido el medio para acceder a los fondos que ahora Vox expone en España como fuente del financiamiento del partido de ultra izquierda, Podemos.

Desde el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela investiga los presuntos vínculos entre los pagos de la empresa constructora involucrada en casos de corrupción a nivel continental, Odebrecht, y el financiamiento de Podemos.

PanAm Post se comunicó con Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde el exilio para conocer el caso más de cerca.

¿Qué implicaría para la región que quede al descubierto este triángulo financiero?

Con ocasión al juicio penal contra Nicolas Maduro, en momento donde era presidente de la Republica, se analizaron carpetas de pruebas donde surge la presunción de la conformación de un grupo criminal integrado por jefes de estados, ministros, contratistas, políticos, empresarios de varios países, que se valen de la plataforma de la construcción de obras para legitimar capitales.

Estos actos de comercio que dibujan una actividad de lucro económico se realizó con la complacencia y connivencia de varios Estados; en la sentencia de condena se activó la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, conocida como “Convención de Palermo”, que tiene su origen en las Naciones Unidas.

La posibilidad de que parte del lucro fuese dirigida a crear organizaciones políticas en Europa, y pagar campañas electorales en varios países de America, se desprende de varias contrataciones donde estaban involucrados los creadores de la organización política española “Podemos”.

Existen denuncias con documentación presentada por la fiscalía venezolana a organismos de investigación de los Estado Unidos, y otras que han sido entregadas en el Senado español por mi persona.

También se han obtenido documentos oficiales de contratos variados celebrados por el Estado venezolano, brasilero, ecuatoriano, argentino y boliviano, que benefician a líderes del partido “Podemos”, y otras organizaciones políticas de America.

Bajo el amparo de la Convención Internacional se activa la judicial universal o transnacional, que obliga a las fiscalías, procuradurías, contralorias y órganos judiciales de los países que han estado involucrados, a la apertura de investigaciones para hacer un seguimiento de los fondos y conocer las personas que están involucradas en los movimientos de estos recursos, así como el destino que le han dado a los fondos.

Descubrir el triángulo sugerido en la pregunta, infiere que, previa investigación formal, se proceda a las detenciones de personas, someterlas a procesos judiciales y retención de bienes, incluso la repatriación de los bienes y dineros de aquellos países donde pueda concluirse que fueron defraudados los ciudadanos.

¿Qué representa para España que la vicepresidencia esté involucrado en un escándalo de este tipo?

Quien estuviere involucrado, sin importar su condición por ostentar cargos públicos, ello no impide que exista un manto de impunidad.

Cada país tiene la obligación de realizar las pesquisas finales y establecer las conclusiones judiciales que correspondan.

El efecto que produce al estar involucrado funcionarios de alto nivel , si no es tratado con seriedad y con el peso de la ley, genera desconfianza y una debilidad institucional que socavan a la democracia como un postulado dirigido al bienestar de los ciudadanos.

Hay un aspecto central en todo este entramado, y radica en revisar la institucionalidad para hacerla más fuerte ante los desafíos de las nuevas modalidades del actuar del crimen organizado, que va más allá del lucro de personas o de organizaciones, sino que tienen un claro fin de control político para el ejercicio del poder.

Si logramos los ciudadanos del mundo entender que el crimen organizado tiene sus raíces en el narcotráfico y organizaciones terroristas, tal como se tiene probado en varios países de America, se le daría respuesta a la ciudadanía, que ve colapsada la democracia como modelo de sustento de la convivencia, y sería el fracaso de la construcción de un verdadero Estado de derecho.

Lo contrario sería una utopía, y la participación ciudadana en los destinos de las naciones desparecen, lo que vuelve la ficción en una realidad, que a su vez, traería consigo que lo ilegal se vuelve legal, por un fenómeno de validación social que se traduce en la normalización del horror.

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