El manejo de la pandemia del coronavirus ha servido como termómetro del control que ejercen los gobiernos sobre la población. En el caso de España, está al rojo vivo.
El gobierno de coalición socialista que encabeza Pedro Sánchez dispuso que —durante la crisis del coronavirus— las ruedas de prensa en el palacio de La Moncloa se harán con preguntas autorizadas. En rechazo, 100 periodistas firmaron un manifiesto titulado La libertad de preguntar.
En redes sociales la consigna #LaLibertadDePreguntar ha congregado referentes políticos y de prensa que aseguran que sin libertad de expresión no hay democracia.
Espero un plante masivo de los medios de comunicación españoles. Sin excusas.#LaLibertadDePreguntar https://t.co/jGAEUP01WQ
— Beatriz Becerra ?? (@beatrizbecerrab) April 1, 2020
Este ataque a la libertad de expresión y por tanto al llamado cuarto poder (por su influencia en la sociedad), la prensa, fue repudiado en particular a modo de advertencia por el creciente abuso de poder por parte del gobierno español.
Es incluso inconstitucional por la manera en la cual ha procedido. El artículo 20 de la Constitución Española reconoce como derecho fundamental «comunicar o recibir libremente información veraz» y el ejercicio del mismo «no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».
Por eso los periodistas acusan al Gobierno de «disfrutar de unos poderes muy superiores a los normales, por lo que es importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el Parlamento ha limitado enormemente su actividad».
Afirman que la principal forma de ejercer esta función desde el periodismo es a través de las preguntas —y las repreguntas— a los miembros del Gobierno.
Reclaman que la Secretaría de Estado de Comunicación (SECOM), ha organizado un sistema en el que todas las preguntas enviadas por los periodistas pasan necesariamente por el filtro del secretario, quien se está ocupando personalmente de formulárselas al presidente, a los ministros o a los técnicos.
Los periodistas aseguran que «si las preguntas al Gobierno las formula un miembro del propio Gobierno, revela falta de transparencia y un interés por controlar la información».
Lo llaman abiertamente «una nueva forma de censura a los medios y un desprecio intolerable a los mismos ciudadanos, a los que se reclaman enormes esfuerzos que mayoritariamente están cumpliendo a rajatabla».
Por todo ello, reclaman el inmediato cambio de procedimiento para todas las ruedas de prensa y comparecencias de miembros del Gobierno y solicitan el apoyo de los profesionales de la comunicación a una reivindicación no partidaria, que mejorará la calidad democrática en España y el ejercicio de los derechos civiles amparados en la constitución, máximo garante de convivencia.
Dictador es aquel que abusa de su autoridad
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dictador es aquel que abusa de su autoridad y en la época moderna, persona que se arroga todos los poderes políticos. Por tanto, es aplicable en el caso de Pedro Sánchez, el presidente de España, en cuanto limita la libertad de expresión.
Además, Podemos, el partido de su vicepresidente Pablo Iglesias, ha ampliado el poder del Estado no solo en su concepción teórica sino también en la práctica. En un tiempo de emergencia, como sucede con la pandemia del COVID-19, en lugar de buscar fomentar la solidaridad y forjar alianzas, se rechazó la ayuda del hombre más rico de España, Amancio Ortega, alegando que el Estado se debe sostener a base de impuestos, no de limosna.
“Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”, es la frase insignia del padre del fascismo, Benito Mussolini, que es perfectamente aplicable tanto a la censura a la prensa como a la negación de la solidaridad privada. Pues no permite ni el cuestionamiento al Estado ni la provisión de recursos, mucho menos humanitarios, fuera del dadivoso Estado que el gobierno socialista pretende forjar.
Pero el mayor agravante es que en medio de una pandemia como el coronavirus el rol de la prensa es primordial, en cuanto refleja la transparencia (o falta) de una nación, y por tanto el nivel de corrupción. Ya que cuando la prensa calla es que el gobierno algo oculta.
Como en el caso de China, donde originó el brote del COVID-19, el régimen comunista ha perseguido e incluso desaparecido a los periodistas independientes.
China comenzó censurando el coronavirus
El caso más sobresaliente fue el de Li Zehua, un presentador de noticias de CCTV (China Central Television) que renunció para reportar de forma independiente desde Wuhan.
Desde un crematorio de Wuhan informó que entre los muertos había trabajadores migrantes que celebraron el Año Nuevo Chino (12 de febrero) entre unas 40 000 familias. El periodista reprochó que el régimen permitió las celebraciones en medio de un brote infeccioso.
Catorce días después, el 26 de febrero, Zehua filmó un video en vivo, donde al final dos agentes de seguridad del Estado entran a su vivienda. Desde entonces, no ha vuelto a publicar nada.
Vale señalar que la censura ha sido un agravante de la propagación de la pandemia. Ya que los primeros médicos que advirtieron sobre el brote fueron apresados por el régimen comunista chino en diciembre del 2019, en febrero 2020 murió infectado el primero. En marzo impactó al resto del mundo.
Si China mostraba transparencia desde primera instancia, es posible que se hubiese podido contener el brote o al menos darle tiempo de preparación al resto de países.
En su lugar, calló lo que sucedía. Ahora el gobierno de coalición socialista pretende aplicar en España la misma técnica que no solo falló sino que tuvo un costo incalculable para el mundo.