«Apoyar a Jair Bolsonaro es un crimen»: Sara Winter desde prisión

Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Federal cumplió 21 órdenes de registro e incautación en busca de posibles pruebas hasta el 16 de junio y continúan

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«Apoyar a Jair Bolsonaro es un crimen», dice Sara Winter desde prisión (Archivo)

La división de poderes es la base de una República. En Brasil están fragmentados, el poder judicial está enfrentado no solo al poder ejecutivo sino a los simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro e incluso a los parlamentarios afines a este (al legislativo). La persecución incluye desde allanamientos hasta detenciones.

«Apoyar al presidente de la República, Jair Bolsonaro, es un crimen», declaró desde la superintendencia de la Policía Federal (PF) de Brasilia donde está detenida desde el lunes 15 de junio la activista provida Sara Winter, quien fue la principal referente feminista de Brasil y ahora se dedica a exponer la instrumentalización del feminismo por parte de la izquierda política.

Winter lidera el grupo «300 do Brasil», llamado así en honor al ejército espartano, a favor de Bolsonaro. Fue detenida por usar fuegos artificiales afuera de la sede de la Corte Suprema como protesta, acusada de cometer actos antidemocráticos. Pero ella sostiene no solo que no es un crimen usar pirotecnia sino que fue otra agrupación la que los usó y que hay material audiovisual que respalda su reclamo.

Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo. Por pedido de Michelle Bachelet, la Alta Comsionada de Derechos Humanos ante la ONU, jueces están liberando presos por el riesgo de contagio.  Ante lo cual Winter reclama la politización de la justicia que otorga libertad a criminales peligrosos pero tiene cautivo a activistas no han cometido delitos.

«Sara fue arrestada por luchar por Brasil, puedes ser el próximo», dice el perfil de la activista, quien también levantó el hashtag #SaraLivre, inspirado por el movimiento de extrema izquierda a favor de la liberación del expresidente preso por corrupción Lula da Silva.

El arresto de Winter fue autorizado por Alexandre de Moraes, ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), por lo cual se desató una protesta masiva en su contra (e incluso el pedido de su renuncia), acusándolo de persecución política.

“Sara Winter es la tercera prisionera política en la dictadura de la toga (la vestimenta de los magistrados)”, dijo la activista por medio de Twitter, exclamando que representa a millones de brasileros que están siendo cazados uno a uno.

En caso de ser condenada, Winter deberá pagarle mínimo 10 mil reales (1 800 dólares) a Moraes por injuria, según la orden del Ministerio Público Federal. De acuerdo al abogado Bertoni Barbosa, quien representa a Winter, la orden de arresto es «genérica» ​​y dijo ante la prensa local que la defensa no tuvo acceso a la decisión de Moraes.

La activista señala como ironía el hecho que opositores al gobierno llaman dictador a Bolsonaro cuando este no ha restringido ninguna libertad civil, mientras que una presidencia a cargo de Moraes, Brasil se transformaría en Corea del Norte.

Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Federal cumplió 21 órdenes de registro e incautación en busca de posibles pruebas hasta el 16 de junio y continúan.

Fueron allanadas la vivienda del diputado Daniel Silveira, del Partido Social Liberal (al que pertenecía Bolsonaro cuando ganó las elecciones de 2018). Según él, fue por estar «incomodando a algunas esferas del viejo poder».

Bolsonaro está en proceso de formar un nuevo partido, Alianza por Brasil. Fue allanada la vivienda de uno de sus fundadores, el empresario Luis Felipe Belmonte, también del publicista Sergio Lima, a cargo de la propaganda partidaria.

Dentro de la pugna de poder que existe en Brasil, el exministro de justicia Sergio Moro que fue crucial en la captura de Lula y por tanto en el triunfo en las urnas de Bolsonaro, ahora es referente de la oposición. Como tal, respaldó el arresto de Sara Winter alegando: «La detención de radicales que, con el pretexto de criticar a la Corte Suprema, amenazan explícitamente a la institución y sus ministros, es correcta».

No obstante, la lógica aplicada por parte del poder judicial contra los activistas de derecha no es la misma aplicada a los manifestantes de izquierda.

Por ejemplo, no hubo arresto ni confiscación durante la manifestación cuando el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), movimiento político-social brasileño marxista vandalizó el edificio donde se encuentra el departamento de la entonces presidente del Tribunal Federal Supremo (STF), ministra Cármen Lúcia, en Belo Horizonte.

La misma magistrada amenazada por los manifestantes de extrema izquierda ahora está a cargo del pedido de libertad de Sara Winter.

Los dos movimientos compartieron registros de la protesta en sus páginas de Facebook, lo que permitió a las autoridades rastrear a los culpables, la policía militar de Minas Gerais informó que se elaboró ​​un informe policial pero no hubo detenidos.

Durante la campaña electoral de Bolsonaro en el 2018, sus aliados difundieron el video de Wadih Damous, diputado del partido de Lula (PT, Partido de los Trabajadores), donde este pide el cierre de la STF, la Corte Suprema. Argumentaban que lo hizo con total impunidad, mientras que cuando Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado de la historia de Brasil e hijo del actual presidente, dijo lo mismo fue un escándalo.

El pedido del parlamentario izquierdista volvió a aparecer en redes sociales como muestra del sesgo ideológico en la justicia brasilera. Pues Damous dijo literalmente: «Tienes que cerrar el Tribunal Supremo Federal».

También el director del Partido de los Trabajadores, José Dirceu, dijo: «Es necesario eliminar los poderes del STF».

Por tanto, la evidencia audiovisual sugiere que el poder judicial persigue a activistas e incluso parlamentarios leales a Bolsonaro por lo mismo que sus pares de izquierda hacen sin enfrentar represalias.

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