Podemos bajo investigación por malversación de fondos públicos

El exresponsable jurídico del partido de extrema izquierda presentó pruebas en su contra

Podemos bajo investigación por malversación de fondos públicos (EFE)

El representante del socialismo bolivariano en España, Podemos, está bajo investigación por delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. Esto no solo perjudica al partido, sino al Gobierno español de Pedro Sánchez, que está en coalición con el partido de Pablo Iglesias.

Fue nada menos que el exresponsable jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, quien presentó pruebas contra el partido de extrema izquierda ante la Guardia Civil. De allí fueron entregadas al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, a cargo de Juan José Escalonilla quien citó para el próximo 29 de julio a Calvente para declarar como testigo y ratificar su denuncia.

Denuncia de sobresueldos

Calavante denunció el pago de «sobresueldos» en el partido, «unos 900 euros al mes (600 en nómina y el resto en negro) del tesorero y de la gerente del partido». También ha sostenido que se hacían pagos «sin presupuesto aprobado» y que se había bloqueado el portal de transparencia. «La gota que colmó el vaso fue investigar el tema de la escolta».

Junto con Calvente fue despedida Mónica Carmona, la responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos. Calvente asegura que ambos fueron despedidos por investigar las irregularidades dentro del partido.

Cuando Carmona fue despedida envió una carta al Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano entre asambleas de Podemos, llamó a su desvinculación un «grave acto de represalia y posibles coacciones». Ahora la justicia la llama a declarar el próximo 15 de septiembre junto a la exjefe de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo.

Miembros de Podemos fueron citados a declarar

Hasta el momento los sospechosos por actos de corrupción son un asesor del partido en el Parlamento Europeo, Christian Navarro; la gerente de la formación, Rocío Val; su director financiero, Daniel de Frutos, y Juanma del Olmo, director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia, en cabeza de Pablo Iglesias.

Entre los fondos irregulares que Calvente denuncia está la existencia de una ‘caja de solidaridad’ o caja B de donaciones de dirigentes y miembros intermedios del partido con el supuesto fin de solventar las reformas de la sede central del partido.

Reporta Economía Digital que una entidad llamada #404 Comunicación Popular sacó 50 000 euros de dicha caja «para iniciar un proyecto de carácter social». Sin embargo, esa organización no está registrada en ninguna base de datos ni tampoco consta que tenga un administrador.

Los vínculos económicos de Podemos con el socialismo del siglo XXI salieron a la luz en medio de las denuncias de fondos irregulares. El Confidencial menciona la contratación para campañas electorales de la agencia de comunicación Neurona Consulting, consultora que recibió fondos del expresidente de Bolivia Evo Morales. 

Cabe destacar que desde diciembre del 2019 la Fiscalía de Bolivia tiene una investigación pendiente contra los integrantes de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Iñigo Errejón, al igual que al exprimer ministro de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido facilitador del ideario bolivariano, y al juez Baltasar Garzón (hoy abogado del testaferro de Nicolás Maduro), debido a la irrupción de agentes de seguridad española en la Embajada de México en Bolivia.

Es decir, el nexo ideológico y económico entre Podemos, el PSOE y el socialismo bolivariano en Sudamérica está bajo vigilancia judicial.

De modo que al demostrar los delitos de malversación y administración desleal podrían no solo producir penas de prisión para los españoles involucrados, sino que podría comprometer a otros políticos internacionales afines a su ideología. 

En caso de ser demostrada la culpabilidad de la malversación de fondos, no solo los encontrados culpables serían castigados, Podemos como partido también tendría que responder ante la justicia española (como persona jurídica), si es que esta logra mantener su independencia frente al aparato estatal manejado por el partido del vicepresidente Pablo Iglesias.

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