Brasil: Corte Suprema censura a simpatizantes de Bolsonaro

«La Corte Suprema ha prohibido las cuentas de periodistas y activistas conservadores de Twitter porque critican a sus 11 jueces»

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Simpatizantes de Bolsonaro denuncian persecución ideológica por parte del Supremo Tribunal Federal, lo llaman «dictadura de la toga». (Efe)

La dictadura de la toga, llamada así por la vestimenta de los magistrados y jueces, es un término popular en el oficialismo de Brasil, pues la persecución política e ideológica es frontal. Respaldar al presidente Jair Bolsonaro implica el riesgo de ser censurado en internet, víctima de allanamientos e incluso sufrir un arresto.

Por orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), fueron bloqueadas las redes sociales en Twitter y Facebook de blogueros, periodistas y políticos que apoyan a Bolsonaro.

La razón que esgrime Moraes para este hecho es la lucha contra las presuntas noticias falsas (fake news), además «para la interrupción de discursos con contenido de odio, subversión del orden e incentivos para romper la normalidad institucional y democrática».

Entre los perfiles bloqueados están el del presidente del Partido Laborista Brasileño, Roberto Jefferson; los empresarios Luciano Hang, Edgard Corona, Otávio Fakhoury y Bernardo Küster; el periodista Allan dos Santos; la activista provida Sara Winter (Giromini) y Edson Salomão, asesor de un representante estatal para São Paulo.

«Apoyar al presidente de la República, Jair Bolsonaro, es un crimen»

«La Corte Suprema ha prohibido las cuentas de periodistas y activistas conservadores de Twitter porque critican a sus 11 jueces», dijo Bernardo Kuster, director de opinión del sitio web Brasil Sem Medo. Si bien la censura fue efectuada el viernes 24 de julio, las investigaciones contra los oficialistas están en marcha desde mayo.

«Apoyar al presidente de la República, Jair Bolsonaro, es un crimen», declaró Sara Winter desde la superintendencia de la Policía Federal (PF) de Brasilia donde estuvo detenida en junio.

«Sara Winter es la tercera prisionera política en la dictadura de la toga», dijo la activista por medio de Twitter, exclamando que representa a millones de brasileros que están siendo cazados uno a uno.

Bolsonaro presentó una demanda ante la Corte Suprema para pedir el respeto a la libertad de expresión

El pasado sábado 25 de julio el presidente Bolsonaro salió en defensa de la ciudadanía que lo respalda. Presentó una demanda ante el STF para que se reactiven los perfiles de sus aliados en las redes sociales.

Según informa el mandatario brasilero, la solicitud fue hecha por la oficina del fiscal general federal para revertir el ordenamiento de la Corte. «Presenté una demanda basada en la claridad del Art. 5, de los derechos y garantías fundamentales», escribió el presidente en Twitter. «El STF tendrá la oportunidad, con su celo y responsabilidad, de interpretar las libertades de expresión de pensamiento, de expresión».

La persecución ideológica llegó hasta las casas de los brasileros que apoyan a Bolsonaro. Por orden del STF, para el 16 de junio la Policía Federal ya había cumplido con 21 órdenes de registro e incautación en busca de posibles pruebas de su presunto rol en la desestabilización de la democracia, acorde acusa el STF.

Una de las viviendas allanadas fue la del diputado Daniel Silveira, del Partido Social Liberal (al que pertenecía Bolsonaro cuando ganó las elecciones de 2018). Según él, fue por estar «incomodando a algunas esferas del viejo poder».

Otro de los lugares hasta los que llegó la Policía fue la vivienda del empresario Luis Felipe Belmonte, uno de los fundadores del partido que está en proceso de formación, Alianza por Brasil, la nueva plataforma política de Bolsonaro, quien en la actualidad se encuentra sin partido. También fue allanada la vivienda del publicista Sergio Lima, a cargo de la propaganda partidaria del naciente movimiento.

En teoría, toda república tiene división de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En el caso de Brasil la justicia está tomando atribuciones que exceden sus funciones, negando el derecho a la libertad de expresión.

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