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Durante el mes de agosto la fiscalía dio a conocer los bienes que la guerrilla de las FARC había declarado dentro de los acuerdos que estableció con el Gobierno colombiano, recursos que deben destinarse a la reparación de las victimas ocasionadas por este grupo armado. La sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal expuso la lista que incluía enseres de aseo domésticos, lo que indignó a la opinión pública. Dos días después se presentó la relación de bienes donde se incluían 240.000 hectáreas de tierra, 327,5 kilos de oro y 20.000 cabezas de ganado. Además, al mejor estilo de un avezado contador público, relacionaban en la lista vías de tipo terciarias construidas por la guerrilla para movilizar alijos de droga, además de ser empleadas como corredores de movilidad táctico para confrontar y evadir a las fuerzas armadas; solo faltó que incluyeran en sus activos el nombre de este tenebroso grupo como parte de sus intangibles. Ahora, los defensores de oficio que poseen las FARC, como el abogado Enrique Santiago, y otros analistas, empezaron a lanzar ataques contra la actuación de la fiscalía, señalando que estas son cortinas de humo para desviar la atención frente a los graves escándalos de corrupción que sacuden la rama judicial.
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Sin embargo, una situación que llama la atención es que las FARC posea tal cantidad de tierras, convirtiéndolas en los mayores terratenientes del país. Solo para caracterizar la cifra, 240.000 hectáreas equivalen a 2.400 kilómetros cuadrados, es decir, una extensión mayor a todo el departamento del Quindío. Al indagar por estas tierras, encontramos que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las Fuerzas Militares le incautó a este grupo guerrillero 278.000 hectáreas en la operación Yari, que se realizó en julio de 2015 (ver reportaje). Esta ofensiva militar generó tensión entre FARC y Gobierno, ocasionando desavenencias entre los propios funcionarios de la administración Santos, seguramente atemorizados porque el grupo criminal abandonara las negociaciones (ver nota).
¿Será que las hectáreas reportadas por las FARC corresponden a los predios que recuperaron las Fuerzas Militares en esa ocasión? Pregunta que debería responder Néstor Humberto Martínez.
Pero la situación no para ahí. Existen otras 450.000 hectáreas identificadas por el Gobierno que no fueron reportadas por las FARC, lo que es una violación flagrante a los acuerdos firmados por estas dos partes (ver nota). Esto implica, que los miembros del Secretariado deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, porque evidentemente no reportaron esos inmuebles, y, posiblemente la tierra relacionada, no es una concesión voluntaria, sino una incautación de las fuerzas militares a los mayores terratenientes de Colombia.
El otro tema sensible está relacionado con los 327,5 kilos de oro que dicen entregar para resarcir a sus víctimas. La cifra suena estrambótica dentro de los comunicados de prensa, pero al cotejar con la producción de oro anual de Colombia, esta cantidad resulta pírrica. El país produce 60 toneladas del metal precioso, que, según la Asociación Minera de Colombia, el 88 % proviene de la minería ilegal (ver reporte), actividad en que las FARC incursionan mediante extorsión sobre mineros artesanales, sumado a la fiebre por oro desatada por causa de los elevados precios del metal a nivel internacional.
En la figura 1 se aprecia cómo sube la producción de oro a la par con su precio, sin embargo, su precio ha venido descendiendo en promedio anual, aun así, la producción sigue en aumento. Tal vez es la respuesta del mundo del crimen organizado que le permite, con esta actividad, blanquear dineros ilícitos.
Figura 1. Relación precio-producción de oro en Colombia
La Policía Nacional ha venido incautando alrededor de 700 a 800 kilos de oro, producto de la minería ilegal desde el año 2015, actividad que se presenta en zonas donde también hay cultivos ilícitos, que, de igual manera, aumentaron exponencialmente. Es decir, existe una conexión entre las dos actividades ilegales que se presentan en zonas donde se han ubicado las FARC. Así, los 327 kilos de oro son cuantía menor, ante las exorbitantes cifras económicas que maneja este grupo, lo que hace necesario que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) desclasifique el informe sobre las finanzas de las FARC para que la opinión pública y, sobre todo, las víctimas tengan información que les permita establecer si este grupo guerrillero está o no cumpliendo con lo acordado. Cabe recordar que dos medios de comunicación global, la Revista Forbes Israel (ver nota) y The Economist (ver nota) informaron sobre su inmensa fortuna, proveniente del portafolio de actividades ilegales. Es por esto que las victimas merecen conocer la verdad, que incluye, saber a dónde fueron a parar sus bienes, de lo contrario Colombia tendrá un partido político legal financiado con cultivos ilícitos, minería ilegal y tierra apropiada por métodos violentos.
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