English Version
EnglishEl pasado 31 de diciembre, se cumplieron 14 años desde que el Canal de Panamá — vía que une los océanos Atlántico y Pacífico — fue transferido por Estados Unidos al país centroamericano. El Canal no solo ha aportado al tesoro nacional panameño US$ 8.590,9 millones; sino que se ha convertido en un emblema del país. Sin embargo, esta semana el canal interoceánico se ha convertido en centro de atención por un conflicto que amenaza con suspender su tan esperada ampliación.
Antecedentes
Desde que el canal se encuentra en manos panameñas, ha sido administrado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) como la entidad gubernamental, encargada de la operación, la administración, conservación, y modernización del Canal, para garantizar su funcionamiento eficiente y rentable. Incluso, en el 2011, la ACP fue galardonada como una de las empresas más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere.
En el 2006, la ACP sometió a votación la ampliación del canal, a través de un referendum. A pesar de posiciones encontradas entre los panameños, la medida fue aprobada con el 80% de los votos.
Tres años después, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio compuesto por la empresa italiana Impregilo, la belga Jan de Nul, la panameña Constructora Urbana, S.A., y liderado por la española Sacyr Vallehermoso, se adjudicó el contrato para la ampliación, a través de la construcción de un tercer juego de esclusas para el Canal. Tras obtener la máxima calificación en el proyecto y presentar el precio base más bajo (US $3.118 millones) de las tres empresas participantes en la licitación, comenzaron los trabajos.
Conflicto entre el consorcio GUPC y la Autoridad del Canal de Panamá
Según el contrato de adjudicación, la empresa debía finalizar la obra en 1.883 días (un poco más de cinco años). En el 2012 el consorcio había reclamado US$585 millones por problemas con la mezcla de cemento, denuncia que fue rechazada por la ACP.
Tras cumplir con un 62% del trabajo, en los últimos días del 2013 GUPC envió una nota de preaviso a la ACP, comunicando su renuncia a continuar con la construcción, debido a la imposibilidad de culminar las obras con los precios acordados inicialmente en el contrato.
GUPC argumenta que existen incumplimientos de gravedad por parte de la ACP, en conformidad con lo establecido en el contrato, y alegan que “a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador [de la ACP, Jorge Quijano] ha decidido no honrar dichos acuerdos”. No obstante, el consorcio agregó que “mantiene abierta” la comunicación con la ACP “para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual”.
En la nota de preaviso, GUPC hace referencia a “sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ante las diversas autoridades competentes”. Estos sobrecostes se calculan en US$ 1.625 millones, monto que el consorcio exige que sean cancelados en un período no mayor de 21 días; de lo contrario, procederá a suspender la obra.
Frente a estas denuncias, Quijano ha rechazado “de manera categórica estas presiones” y declaró que no negociará “fuera de contrato”. Igualmente comentó “no importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”.
La ACP amenazó al consorcio con tomar las obras del Canal si no se ajustaban al contrato. En un comunicado, la ACP afirma que si el GUPC no cumple con lo pactado en el documento legal, “pondrá en acción los mecanismos” previstos “que le permiten completar la obra”.
A pesar de que la ACP quería que la obra estuviera finalizada en octubre de 2014 para conmemorar el centenario del canal; ya los trabajos contaban con nueve meses de retraso, y estaban previstos a culminar en el primer semestre del 2015.
Los gobiernos intervienen
El Presidente de Panamá Ricardo Martinelli viajará a España e Italia para exigir que los gobiernos de estos dos países obliguen a las empresas a cumplir con el contrato estipulado. Martinelli afirmó que tienen una “responsabilidad moral” en el tema y declaró: “voy a ir a España e Italia a exigir a estos gobiernos porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostes en una obra de ampliación, que es una obra para la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios”.
Por parte de España, el embajador español en el país centroamericano, Jesús Silva, está dispuesto a mediar entre las partes, y alega que de suspender las obras, ambos pierden. Silva declaró: “hay que hacer entender a todas las partes que con la resolución del contrato todos perdemos, es decir, que pierde por supuesto el consorcio, que pierde la imagen de las empresas españolas, que pierde por supuesto la Marca España, pero pierde mucho también Panamá y pierde mucho la imagen del Canal”.
Según Silva, el Gobierno de Mariano Rajoy está estudiando la posibilidad de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, viaje próximamente a Panamá, así como el presidente de Sacyr y líder de GUPC, Manuel Manrique.
De no resolverse este conflicto, el reclamo sería transferido a una junta de resolución de disputas, y en última instancia, a un arbitraje internacional.
