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EnglishLos subsidios para el precio de las matrículas universitarias que antes estaban reservados para estudiantes que residen legalmente en el estado de Florida ahora estarán al alcance de estudiantes que residan en ese estado ilegalmente. El pasado viernes, con 84 votos a favor y 32 en contra, la Cámara de Representantes del estado de Florida aprobó el proyecto de ley 851, que ampliará el acceso a la educación universitaria subsidiada, y que ahora espera por la firma del Gobernador Rick Scott para su aprobación final.
Scott respaldó públicamente el proyecto y prometió firmarlo. La nueva ley constituye un vuelco dramático en la política del estado controlado por el partido Republicano, y ha despertado un intenso debate sobre cómo lidiar con la estancada reforma migratoria en los Estados Unidos.
El proyecto beneficiaría a un grupo demográfico específico de los residentes ilegales en Florida, también conocidos como «DREAMers», que crecieron en el estado y asistieron al menos durante tres años a una escuela secundaria y se graduaron en ella. Este grupo ahora podrá inscribirse en universidades y pagar el precio subsididado de la matrícula que antes estaba reservado a estudiantes que residen legalmente en el estado, y que es 75% menor que el precio que hubiesen tenido que pagar sin el cambio de legislación. Después de la reciente aprobación de una ley similar en Virginia, Florida se convierte en el vigésimo estado en adoptar este enfoque.
Este proyecto de ley implica un cambio de rumbo para el Gobernador Scott, que anteriormente había promocionado una ley migratoria parecida a la Ley de Arizona y en 2011 se había opuesto a que los inmigrantes ilegales tuvieran acceso al subsidio de las matrículas estatales. Ahora el gobernador del estado, cuya población hispánica constituye alrededor del 23% del total, parece haber cambiado de parecer.
La Representante del estado de Florida Jeanette Núñez (R-Miami), que es la principal patrocinadora de este proyecto de ley, declaró que «esto se trata de ascenso social, un grupo de nuestra población ha asistido a nuestras escuelas públicas (…) Hemos destinado decenas de miles de dólares a educarlos y no tiene sentido frenar su avance».
El congresista Mario Diaz-Balart (R-FL) felicitó al Poder Legislativo de Florida «por aprobar una legislación tan importante» y alabó el proyecto de ley.
«Una de las cosas que define a los Estados Unidos es que somos una meritocracia — evaluamos a las personas no por sus apellidos, sino por sus méritos individuales. Este proyecto de ley permite a hombres y mujeres jóvenes que han cumplido con todo lo que la sociedad les ha pedido, acceder a un título de educación superior y alcanzar el potencial que Dios les ha dado», afirmó Diaz-Balart en una declaración de prensa.
María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, enfatizó los beneficios que esta legislación traería para el estado.
«Esta política reducirá las tasas de deserción de educación secundaria, mejorará los logros educativos e impactará positivamente en las desigualdades y la diversidad en muchas profesiones (…) Los sentimientos de exclusión y anti-inmigración quedaron en el pasado, mientras que la diversidad y la inclusión son el futuro potencial de nuestro estado, tal y como lo demuestran los Dreamers».
Rodríguez, sin embargo, reconoce que los inmigrantes todavía tienen un largo camino por recorrer.
«Nuestro trabajo está lejos de terminarse. Poco después de que terminemos de celebrar y conmemorar este momento, intentaremos remover los obstáculos para maximizar el potencial y las contribuciones de las familias inmigrantes para nuestro estado».
Wendy Feliz, directora de comunicaciones para el instituto de políticas del Consejo Americano de Inmigración compartió su opinión sobre este proyecto de ley con PanAm Post: «Creemos que proporcionar vías asequibles a todos los estudiantes para que puedan recibir educación superior, sin importar su estatus migratorio, es importante para el futuro éxito de los estados individuales y de la nación como un todo».
No obstante, Feliz destaca la necesidad que existe de un «arreglo migratorio exhaustivo» en los Estados Unidos; y cómo frente a la «ausencia de la acción federal» en relación a la materia, «los estados de la nación buscan políticas progresistas que ayuden a todos los inmigrantes a integrarse y tener éxito aquí».
Sin embargo, no todos están tan enamorados de los beneficios que esta nueva ley podría ofrecer. Bob Dane, director de comunicaciones de la Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), la describió como «otro beneficio más que proporciona incentivos para que extranjeros ilegales entren y permanezcan en el país». Dane considera este proyecto como «un retroceso en cuanto a la meta de reducir la inmigración ilegal».
Para Dane, «la verdadera reforma solo puede lograrse reforzando el trabajo en las fronteras y en los lugares de trabajo, y acabando con el caudal de beneficios — como matrículas universitarias subsidiadas — a aquellos que residan ilegalmente en los Estados Unidos».
David North, miembro del Centro de Estudios de la Inmigración (CIS), analizó este cambio de política en el caso de Virginia, cuyo Poder Legislativo aprobó la misma ley la semana pasada. Según North, por años, las universidades estatales —tanto en los gobiernos de Demócratas como de Republicanos— han estado cobrando a los estudiantes inmigrantes ilegales el precio subsidiado de la matrícula estatal de manera informal. La diferencia es que ahora lo pueden hacer de manera abierta y legal. Aún así, para North, ofrecer a los estudiantes este tipo de matrícula es una «mala política pública» porque «de cierta manera, alienta la inmigración ilegal entre los jóvenes».
Por su parte, Jon Feere, analista de políticas jurídicas para el CIS, afirma que «Florida está estimulando la inmigración ilegal ofreciendo beneficios estatales a aquellos que no son del país. Es una amnistía progresiva a nivel estatal que afecta a los residentes legales. Aquellos que se encuentran en el país legalmente, inmigrantes y ciudadanos, no deberían estar subsidiando la educación de personas que no pueden trabajar después de graduarse. Los puestos en universidades públicas, que son limitados, deberían estar reservados para los residentes legales».
A diferencia de lo que la mayoría de los defensores de la ley argumentan, Feere cree que el proyecto de ley 851 «no tiene nada que ver con las personas que fueron ‘traídas’ a este país sin culpa alguna; [la ley] beneficiaría a cualquiera que entró al país ilegalmente bajo su propia voluntad».
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