Ente regulador chavista extiende mordaza mediática a televisión por cable
EnglishLos proveedores de televisión por cable ahora tendrán que pasar bajo el microscopio del Estado en Venezuela, de acuerdo con una nueva política regulatoria aprobada el martes por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), el ente gubernamental que supervisa a los medios. La nueva normativa otorga a CONATEL el poder de decidir qué redes de televisión pueden o no entrar en la lista de canales en función del contenido que transmiten.
A pesar de que CONATEL ya tenía el poder de regular la televisión, su rango de acción se limitaba a los canales de difusión habituales. Ahora la agencia del gobierno amplía su ámbito de aplicación a los canales pagos. Las normas exigibles se aplican a la producción audiovisual nacional, que se refiere a todos los canales con recepción o señal de emisión producida en el interior del territorio nacional y que se transmiten a través de las compañías de cable.
La principal implicación de la última regulación de CONATEL no es sólo que las compañías de cable tendrán que incluir redes de televisión que transmitan contenido producido en Venezuela, sino tendrán que ofrecer el contenido de forma gratuita. De lo contrario, las compañías de cable se enfrentarán a sanciones.
El contenido de Venezuela tendrá que representar el 8% de toda la programación de la compañía de cable. Esto abre una ventana para que el gobierno incluya ciertos canales “en los que el Estado tenga alguna participación o interés”, y por lo tanto pueda excluir a otros canales de la programación.
El gobierno ya ha ejercido este poder antes, aunque no como una cuestión de política explícita. Hace unos dos meses, las compañías de cable tuvieron que incluir a FANB TV, un canal de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
Sin embargo, la concesión de los permisos de emisión y su consiguiente renovación están bajo la discreción de CONATEL. Así, ninguna compañía de cable puede ahora incluir una cadena de televisión nacional sin la aprobación previa del gobierno. Además, el artículo 11 de la nueva ley establece que CONATEL tiene la facultad de revocar o suspender los permisos en determinadas circunstancias.
“Siempre que [CONATEL] lo considere favorable al interés nacional, o cuando el orden público y la seguridad nacional así lo exijan”, el organismo gubernamental “podrá revocar o suspender, en cualquier momento, los permisos para la prestación de servicios de producción nacional audiovisual”.
Este artículo le da al gobierno un cheque en blanco para tomar medidas como la que sacó al canal de noticias colombiano NTN24 de la programación por cable en Venezuela, después de transmitir imágenes en directo de las la represión de las fuerzas de seguridad del Estado a las protestas estudiantiles en febrero.
CONATEL también podrá inspeccionar en cualquier momento, sin previo aviso ni orden judicial, las instalaciones y el funcionamiento de las redes de televisión.
Esta medida no sólo afecta a las emisiones regulares, sino que pone en duda el futuro de las cadenas internacionales de noticias que muestren un lado diferente de los acontecimientos respecto a lo que el gobierno venezolano retrata en sus medios de comunicación oficiales. También en febrero, el presidente Nicolás Maduro dio a la cadena de noticias estadounidense CNN su primer aviso, debido a su cobertura de las protestas estudiantiles.
“He pedido a la ministra Delcy Rodríguez que notifique a la CNN que se ha iniciado un procedimiento administrativo para sacarlos de Venezuela… Ya basta de esta propaganda de guerra. No acepto la propaganda de guerra contra Venezuela. Si no rectifican, CNN está fuera de Venezuela”, afirmó el presidente venezolano.
Según CONATEL, esta legislación tiene como objetivo crear un ambiente que garantice la igualdad de acceso, la no discriminación y la transparencia a las redes nacionales. Sin embargo, para otros, como Óscar Lucien, director del Instituto de Investigación en Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, este es otro “cerco rojo a la libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos”.
Desafortunadamente, Venezuela ya está familiarizada con las restricciones a la libertad de expresión. De hecho, esta nueva regulación se unirá a otro tipo de restricciones que han silenciado progresivamente a los medios de comunicación críticos. Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), explica: “La relación entre el gobierno y la prensa durante los últimos 15 años ha sido muy compleja y muy tensa”.
Los medios de comunicación en Venezuela ya enfrentan numerosos obstáculos que han conducido inevitablemente a la censura y la autocensura. Según Balbi, la persecución gubernamental de los medios independientes se hace mediante multas, iniciando investigaciones y estableciendo barreras burocráticas para que los medios de comunicación puedan acceder a insumos básicos, entre otros mecanismos.
Para Balbi, el esquema es simple: “El propósito del gobierno es controlar, o mejor dicho, condicionar una línea editorial que pueda ser cada vez menos crítica, menos independiente y menos libre”.
