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EnglishEl jueves, René Ramírez, jefe de la Secretaría Nacional para la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuador y del Consejo de Educación Superior (CES), introdujo una regulación para limitar la matrícula cobrada por las universidades privadas de Ecuador. A pesar de las objeciones hechas por las instituciones, Ramírez espera que el CES la apruebe tras una votación el jueves. Se necesitan seis votos del consejo, y hasta ahora, de acuerdo con Germán Rojas, miembro del CES, el proyecto ya cuenta con ellos.
Con esta nueva regulación, las tarifas de matrículas de las universidades privadas de Ecuador no podrán aumentar más que la inflación anual del país —que en 2014 fue de 3,23%.
Durante una conferencia de prensa el pasado martes, Ramírez describió a la educación superior en Ecuador como un “bien público y social, lo que significa un derecho constitucional, y esas universidades privadas no pueden operar en la búsqueda de lucro. Si generan ganancia, tiene que ser reinvertida en la misma institución”.
Ramírez aseguró que su propuesta pondría fin al enfoque de “fines de lucro” de las universidades, dado que algunas de estas han aumentado su matrícula en 150% en un solo semestre. Según él, los aumentos “no regulados” generan mayor deserción universitaria y dificultan la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. En Ecuador hay cerca de 350.000 estudiantes universitarios, de los cuales 40% asisten a universidades privadas.
“Esta regulación es algo que necesitábamos hace mucho tiempo”, dijo Pablo Quiñónez, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE) durante un encuentro con Ramírez. “En relación al cambio estructural que necesita la educación superior, queremos alcanzar su democratización, pero hay algunas universidades privadas que evaden las normas de los centros de regulación de la educación superior”.
Sin embargo, para Julio Clavijo, consultor de políticas públicas del Congreso Nacional en Quito, la respuesta al problema de desigualdad en el acceso a la educación superior radica en la disposición del gobierno a invertir en la educación pública y no en controlar a las instituciones privadas.
Aunque estudiantes como Quiñónez han aceptado esta medida, muchos se oponen. Clavijo comenta, “Esta propuesta no cuenta con el apoyo completo de la población estudiantil, y necesita ser debatida para alcanzar un acuerdo”.
Sobre este tema, el presidente de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares, Alejandro Rivadeneira, niega que los aumentos hayan sido tan altos como 150%. También justifica los precios con el argumento de que otras regulaciones del Estado han forzado a las universidades a aumentar los salarios, mejorar las condiciones de sus facilidades e incrementar el porcentaje de profesores a tiempo completo.
Según información publicada por SENESCYT, el promedio nacional de tarifa de las universidades privadas es de US$4.814 por año, más otros gastos que rondan entre el 10% y el 30% de ese monto. De acuerdo a Ramírez, ese monto es extremandamente alto comparado con las matrículas de Perú, Argentina, Colombia y México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ubica a Ecuador como uno de los países con un sistema educativo muy costoso en relación con los ingresos mínimos que gana una familia promedio.
Universidades o Estudiantes: ¿Quién es la víctima?
Para Santiago Gangotena, presidente de la Universidad de San Francisco de Quito, esta medida afectará más que nada al desempeño de las universidades. Alega que la restricción de los ingresos que reciben las instituciones académicas de parte de los estudiantes tendrá un impacto directo en su capacidad para adquirir el equipo necesario y contratar a profesores de alta calidad.
Alejandro Rengel, coordinador de Estudiantes por la Libertad en Ecuador (EPL), compartió con PanAm Post las implicaciones que esta medida podría tener en el rendimiento académico de Ecuador.
“El tope impuesto para el aumento en las tarifas de la inscripción y de los cursos también implica un tope en la calidad de la educación. En otras palabras, limita las mejoras que esas universidades puedan alcanzar al negarles el chance de recibir mayores ingresos. Si la intención del gobierno es mejorar la calidad de la educación, van a lograr exactamente lo contrario”.
Para Rengel, el error no es desear expandir el acceso a la educación privada, sino cómo esta meta se quiere alcanzar.
“Creo que esta propuesta, como muchas otras que vienen de esta administración, están dirigidas hacia una intención, y no hacia los resultados”, explicó el coordinador de EPL. “Aunque la regulación controlará el costo en las universidades existentes, elimina gran parte de los incentivos para invertir más recursos en nuevas instituciones académicas”.
Las consecuencias de esta regulación que ponen tope a los precios no han tardado en llegar. Universidades privadas como la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), en Quito, han anunciado ya una disminución de 10% en sus descuentos para los estudiantes de bajos ingresos.
Tan pronto como se conoció la noticia, los estudiantes comenzaron a protestar en contra de esta decisión. Erik Mozo, jefe de la federación de estudiantes de la PUCE, aseguró que quienes se verán más afectados son los estudiantes: “Los jóvenes no van a poder asistir a la universidad el próximo semestre, y otros se verán obligados a abandonar la escuela”.
Para Rengel, este caso es una de las principales consecuencias directas del control de tarifas: “Las universidades no podrán cobrar más a los estudiantes, entonces se verán obligadas a reducir ciertos beneficios como las becas o descuentos a otros estudiantes. Ahí lo tenemos, la primera de muchas consecuencias involuntarias”.
