EnglishEl pasado miércoles, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por consenso unánime la Ley de Sanciones Para Responsabilizar a Funcionarios del Régimen de Maduro por Violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, un proyecto de ley que aplicaría sanciones individuales a altos funcionarios del gobierno de Venezuela involucrados en violaciones a los derechos humanos. La Cámara solicitó a la administración de Obama recolectar en una lista los nombres de los violadores de derechos humanos del régimen chavista, para así congelar sus fondos en bancos estadounidenses y prohibirles la entrada a los Estados Unidos.
La congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), antigua presidenta del Comité de Relaciones Extranjeras y presidenta del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, presentó el proyecto de ley HR 4587, y fue su principal promotora.
“Me complace que la Cámara de Representantes haya actuado para castigar a los matones del régimen de Maduro por reprimir brutalmente y violar los derechos humanos de los que buscan ejercer sus libertades básicas de expresión y reunión en Venezuela”, afirmó Ros-Lehtinen.
Ros-Lehtinen continúa: “La aprobación de este proyecto de ley muestra que mis colegas y yo estamos comprometidos a apoyar la lucha del pueblo venezolano por la democracia, el estado de derecho y la libertad, y que no vamos a mirar hacia otro lado cuando un autócrata abusivo reprime violentamente a su propio pueblo”.
Una vez aprobado el proyecto de ley HR 4587 por la Cámara, el Senado estadounidense debe aprobarlo para que el Presidente Barack Obama decrete la ley. El martes, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una ley muy similar, propuesta por los senadores Marco Rubio (R-FL) y Bob Menendez (D-NJ).
“Espero que el Senado actúe con rapidez para aprobar la versión de la Cámara de esta ley de para poder enviarla al escritorio del Presidente tan pronto sea posible y asegurar que los que abusan los derechos humanos sean responsabilizados”, afirmó la congresista Ros-Lehtinen.
Este proyecto de ley castigaría a altos funcionarios responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas pacíficas lideradas por estudiantes en Venezuela durante los últimos tres meses. El congresista Mario Díaz-Balart (R-FL), defensor de este proyecto, realizó una declaración afirmando que “durante los últimos 15 años, el pueblo de Venezuela ha experimentado la corrupción y la brutalidad de la dictadura de Chávez y Maduro, y durante los últimos tres meses esto ha culminado en graves actos de violencia y agresión hacia los estudiantes y otras personas… Es tiempo de poner fin a la opresión, la violencia y la intimidación política y hacer responsables a estos agresores de derechos humanos. Los que son cómplices con actos atroces de violaciones de derechos humanos deben ser nombrados y humillados, y deben enfrentar las consecuencias de sus actos”.
“Con la aprobación de este proyecto de ley, la Cámara de Representantes de EE.UU se solidariza con el pueblo venezolano en su lucha para recuperar la democracia y la libertad. Insto al Senado a enviar rápidamente este proyecto de ley al despacho del Presidente”, afirmó Díaz-Balart.
El diputado venezolano Julio Montoya, del partido de oposición Primero Justicia, habló exclusivamente con PanAm Post sobre lo que estas sanciones podrían implicar para el régimen de Maduro. “Al gobierno venezolano le preocupa mucho este tipo de sanciones porque devela la característica corrupta del régimen, y por supuesto, altamente violadora de los derechos humanos”.
A pesar de que algunos opositores a estas sanciones, incluyendo los adeptos al oficialismo, sostienen que cada país es soberano y que los Estados Unidos no tienen derecho a intervenir, Montoya considera que cuando se trata de derechos humanos, el argumento es distinto.
“Los problemas de los venezolanos son de los venezolanos, pero aquí estamos hablando de derechos humanos, valores supranacionales que trascienden fronteras. Venezuela ha firmado numerosos convenios internacionales en derechos humanos, incluso antes de la llegada de Chávez al poder. Por lo tanto, aquí no puede haber alguien que asesine a los estudiantes, y venga a decir un argumento de soberanía nacional. Es refugiarse en el nacionalismo y en la soberanía para violar los derechos humanos”.
Sin embargo, no todos concuerdan con la participación activa de los Estados Unidos en asuntos de Venezuela. El martes, 14 representantes demócratas del Congreso se opusieron abiertamente a estas sanciones y expresaron sus preocupaciones a través de una carta al Presidente Obama. En su opinión, estas sanciones solo socavarían los esfuerzos para el diálogo en Venezuela y aumentarían la tensión entre Estados Unidos y otros países de América Latina.
Jacob Hornberger, presidente de Future of Freedom Foundation, escribió que estas sanciones son otro intento del aparato de seguridad nacional estadounidense para lograr un “cambio de régimen”, una política que, de acuerdo a Hornberger, “implica sacar a gobernantes extranjeros independientes, aun siendo democráticamente electos, y reemplazarlos con marionetas dictatoriales a favor de Estados Unidos”.
Según Hornberger, “todos saben que el Estado de seguridad nacional estadounidense destruye la democracia donde sea necesario, para sacar gobernantes independientes del poder, e instalar crueles dictadores a favor de Estados Unidos en su lugar, como se hizo en Guatemala y Chile”.
“Dejen a Venezuela a los venezolanos. Si los individuos americanos desean involucrarse en la controversia, está bien. Pero el gobierno estadounidense debería salirse de ahí por completo. Lo que suceda en Venezuela no es asunto del gobierno de Estados Unidos”, Hornberger concluye.
El proyecto de ley que congelaría los bienes y las visas de violadores de derechos humanos en Venezuela no es una buena idea, de acuerdo a David Smilde, asociado senior en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). En un email a ThinkProgress, escribió “las conversaciones sobre sanciones durante las últimas tres semanas contribuyeron significativamente a la suspensión del diálogo que se llevaba a cabo”. Según Smilde, estas sanciones “permitirán que el gobierno de Maduro muestre la crisis política de los últimos meses como un conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos, en lugar de uno entre el gobierno de Maduro y su oposición”.
¿Y los Chavistas qué tienen que decir sobre este castigo norteamericano?
Para Jorge Rodríguez, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Alcalde de Libertador, “sería un honor” ser “considerado un enemigo de los Estados Unidos”.
Durante una entrevista en CNN, el diputado Manuel Villalba, también del partido de gobierno PSUV, calificó las sanciones como “un irrespeto y una inmoralidad del imperio norteamericano”. “Ellos pretenden imponer su hegemonía. Este pueblo [Venezuela] está consciente que desde que Hugo Chávez llegó al poder, Estados Unidos ha tenido una aversión hacia nuestra postura de soberanía y nuestro gobierno independiente”, afirmó Villalba.
Para el diputado oficialista, las denuncias presentadas por las organizaciones de derechos humanos sobre los estudiantes reprimidos son mentiras. “Aquí en Venezuela, lo que hay es terrorismo, esos no son estudiantes (…) Esas denuncias de violaciones de derechos humanos son parte de una campaña para condicionar a la comunidad internacional”.