English Version
EnglishEl sábado pasado el Ministerio de Justicia de Guatemala anunció la captura de tres personas responsables por el asesinato del sindicalista Carlos Hernández, que fue secretario de cultura del Consejo Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud, y uno de los muchos sindicalistas asesinados todos los años en Guatemala.
La alta cantidad de asesinatos o desapariciones de trabajadores y sindicalistas es un método de intimidación ampliamente utilizado en países como Guatemala. Pero más allá de los asesinatos, la impunidad se ha convertido en un tema delicado para el gobierno y particularmente para la administración del Presidente Otto Pérez Molina.
Desde 2007 han sido asesinados un total de 68 líderes y representantes sindicales y han sido reportados múltiples intentos de homicidio, secuestros, robos, amenazas de muerte y torturas. Pero antes de la captura de estas tres personas, ningún culpable había sido llevado a la justicia.
Según la Confederación Sindical Internacional (CSI) la cultura de impunidad en los homicidios ha “creado una cultura de miedo y violencia donde el ejercicio del sindicalismo se vuelve imposible”.
En otros países los sindicalistas luchan por igualdad y derechos labores, pero en Guatemala esta lucha ha costado a muchos de ellos sus puestos de trabajo e incluso la vida. La CSI describe a Guatemala como “uno de los peores lugares para ser un trabajador, sin garantía de derechos”. Los altos índices de violencia hacen que la población sindicalista apenas represente un 1,6% de la población laboralmente activa.
“Es muy penoso para nosotros que Guatemala sea reconocido como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los sindicalistas”, declaró el presidente Pérez Molina en agosto de 2013. Pero a pesar de ello, el problema ha empeorado. En 2014, el Índice Mundial de Derechos, elaborado por la CSI a finales de mayo, calificó a 139 países basándose en 97 indicadores en materia de derechos humanos, y Guatemala encabezó la lista de los peores lugares para trabajar.
Carlos Contreras, Ministro del Trabajo, descalificó el informe de CSI y argumentó que los resultados carecían de fundamento y presentaban un sesgo. Para Contreras el informe no es más que un ataque contra Guatemala justo antes de la reunión anual de CSI.
“Creemos que es una estrategia para desacreditar a Guatemala”, declaró Contreras, “solo dos semanas antes que la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) comience, donde presentaremos los logros del país”.
En el Reporte a las Violaciones de los Derechos de los Sindicalistas de CSI en 2013, Guatemala estuvo entre los siete países más riesgosos para los sindicalistas y sus derechos, junto a Zimbabwe, Swazilandia, Burma, Fiji, Georgia y Bahrein.
“A pesar de los instrumentos internacionales que controlan y promueven la libertad de asociación y el derecho a la contratación colectiva, los sindicatos y sus miembros siguen expuestos a violaciones a sus derechos. Los sindicatos continuamente están bajo ataque, luchando para mantener su capacidad de promover y defender efectivamente los intereses de los trabajadores”, reza el informe de la CSI.
Aparentemente el problema va más allá de la negligencia estatal y también involucra un grado de intimidación gubernamental. El viernes 30 de mayo, el Frente Nacional de Lucha (FNL) —un sindicato guatemalteco— publicó un comunicado condenando las recientes amenazas recibidas por uno de sus líderes, Ángel Ochoa. Ochoa estaba en su casa cuando la policía allanó el lugar sin ninguna orden de registro y realizó un cateo.
“Sin lugar a dudas esto no fue un error, fue un acto de intimidación”, establece el comunicado. “Es indignante cómo las fuerzas del Estado, en vez de proveer protección a los ciudadanos honestos, se dedica a promover el miedo y el pánico en los hogares de los trabajadores cuyo único crimen es estar organizados y cuidar sus derechos”.
Bajo el microscopio: Violaciones a los derechos de los trabajadores
Los abusos cometidos contra los sindicalistas no han pasado desapercibidos. Tanto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el Departamento de Comercio y Trabajo de Estados Unidos vigilan atentamente el irrepeto de los derechos de los trabajadores en Guatemala. El reclamo principal es que el país no se ajusta a los acuerdos internacionales sobre libertad sindical y no protege el derecho de los trabajadores a asociarse.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Going to Work han denunciado en varias ocasiones los abusos contra sindicalistas guatemaltecos, así como la negligencia del Estado en este asunto.
Los trabajadores de la industria bananera han sido los más afectados como resultado del aumento de la violencia, según Going To Work. Las plantaciones antisindicalistas a gran escala en la costa sur del Pacífico —responsables del 80% de las exportaciones— siguen siendo lugares donde los trabajadores no pueden asociarse. Si lo hacen, como lo intentaron en 2008, se arriesgan al acoso, las amenazas, y potencialmente la muerte.
Según Internacional de Servicios Públicos (ISP), una unión global de federaciones sindicales, la administración de Pérez Molina debe tomar cartas en el asunto. De otra manera, se estarían arriesgando los lucrativos acuerdos comerciales del gobierno con la Unión Europea.
En una carta dirigida al presidente, la organización internacional señala: «Creemos que las impactantes violaciones de derechos humanos y de las convenciones internacionales de derechos laborales en Guatemala ofrecen motivos para la suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea-América Central (EU-CAAA), particularmente en relación al Sistema General de Preferencias de la Unión Europea. Estamos llevando estas quejas a miembros del Parlamento Europeo en este momento».
El Ministro del Trabajo de Guatemala alega que el gobierno ha establecido una mesa de negociaciones con los sindicalistas. Sin embargo, a pesar de los intentos para llegar a un acuerdo en cuanto a las políticas de prevención de nuevos ataques contra los trabajadores, y en cuanto al intercambio de información que facilite la captura de los responsables de los crímenes, no se han logrado cambios significativos.
Rosa Pavanelli, líder de ISP, explica el factor principal que falta en esos esfuerzos: «Tenemos que subrayar la ausencia total del estado de derecho, lo que significa que en una relación de poder el trabajador siempre pierde. El Estado falla en ofrecer protección y apoyo a los ciudadanos, y como resultado se hace cómplice de los crímenes que son cometidos cada día. La negación de la justicia es un crimen en contra de la humanidad».
