EnglishEl pasado domingo, el gobierno central de Colombia anunció un nuevo e importante acuerdo con las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), dando un paso adelante en el tema de la disputa de la tierra y cómo compensar a las víctimas del conflicto armado. Esta es la primera vez en los 50 años de existencia de la guerrilla que esta reconoce a las víctimas de la guerra y las incluye en las negociaciones de paz.
Las víctimas de minas terrestres, desplazamientos, extorsiones, secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado, formarán parte de una delegación adicional que participará en las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba. Las FARC, que operan en 25 de los 31 departamentos de Colombia, han afectado principalmente a las áreas rurales. Según un comunicado leído por los representantes de Cuba y Noruega, ambos países intermediarios en las conversaciones, el reciente pacto “será el principio de transformaciones radicales en la realidad rural de Colombia, con equidad y democracia. Se enfocarán en las personas, en el pequeño agricultor”.
El acuerdo, anunciado ayer, aborda los problemas de acceso y la desigual distribución de la tierra mediante la creación de un fondo de tierras para ofrecer parcelas a colombianos desposeídos de ellas. También incluye la creación de ciertos mecanismos para resolver disputas territoriales, y una jurisdicción agraria para garantizar los derechos de propiedad.
Mediante este pacto, la administración de Santos ha acordado ayudar a los campesinos mediante un esquema de vivienda pública, acceso al agua potable, educación gratis, fortalecimiento de la infraestructura, asistencia técnica y programas de entrenamiento, además de los programas de compensación de tierras.
Las FARC también anunciaron el sábado un alto al fuego durante el período electoral. El cese comenzó ayer y termina el 30 de junio. Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –el segundo grupo insurgente más importante de Colombia– anunció que no se unirá a las FARC en este alto, han acordado abstenerse de cualquier acción militar que interfiera con el proceso electoral.
Los agricultores de Colombia: Niños consentidos de los candidatos
Durante los dos últimos años, Santos ha tenido que lidiar con dos huelgas agrarias: La primera entre agosto y septiembre de 2013, y la segunda entre marzo y abril de 2014. Los agricultores exigieron reformas para facilitar su producción y mitigar el impacto de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Durante las últimas protestas, el agro logró ser el centro de discusión en la última parte de la campaña presidencial.
El desarrollo rural, además de ser vulnerable a los precios internacionales de las mercancías, es amenazado por el conflicto armado. Es más, dada la contribución del agro a la economía colombiana, no es ninguna sorpresa que ambos candidatos presidenciales lo hayan tomado como su tema favorito durante los últimos días de campaña. El presidente Santos escogió la ciudad de Sogamoso para terminar su gira electoral, mientras que su rival, Óscar Iván Zuluaga, la ciudad de Tunja. Ambas en el departamento de Boyacá.
Usando una “ruana” –un poncho típico de los campesinos colombianos– los dos compartieron con sus partidarios los programas de nación a realizarse si ganaran las elecciones. Los dos candidatos coincidieron en que el Estado debe incrementar las iniciativas para impulsar las actividades agropecuarias de Colombia.
Santos propuso fortalecer el financiamiento gubernamental para pequeños agricultores, para lo que destinaría más del 12% del gasto público. El actual presidente también prometió vigilar los precios y los suministros para asegurar préstamos acordes a la realidad campesina, ajustando los tiempos de pago según las cosechas y las estaciones.
“Las zonas rurales han estado abandonadas durante siglos”, dijo Santos, a pesar de reconocer momentos después que su administración ha más que triplicado el presupuesto agrícola.
Además, Santos aseguró que reforzará los mecanismos para acabar con el contrabando de productos como el arroz y el trigo, que entran en el territorio ilegalmente a precios muy bajos, afectando la producción local. Actualmente, las políticas de subsidio de Venezuela han quebrantado los negocios locales en la frontera debido a que los precios colombianos no pueden competir contra los precios subsidiados venezolanos.
Zuluaga, por su parte, ha establecido como su máxima prioridad el pago de la deuda a los agricultores, y ha propuesto un programa estatal de calificación para ayudarlos a mejorar las condiciones que les permitan obtener mejores créditos. Zuluaga también prometió que reduciría hasta en un 50% el precio de la canasta básica de suministros para la agricultura, y que eliminaría los impuestos sobre el equipo agrícola.
Donde los candidatos no coinciden
Zuluaga, apoyado por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, ha rechazado fuertemente las conversaciones de paz con la guerrilla lideradas por Santos. Las juzga como una maniobra electoral del actual presidente.
“El campo es el único camino para lograr la paz en Colombia y será mi prioridad en la propuesta de gobierno. Por eso les digo que la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo) será la casa de todos los campesinos”, expresó ayer Zuluaga.
El próximo domingo, los colombianos irán a las urnas por segunda vez y tendrán la oportunidad de escoger a su próximo presidente. Entre rumores, acusaciones de espionaje, y conexiones con el narcotráfico, Zuluaga (29,3%) y el actual presidente Santos (25.7%) fueron los ganadores de la primera vuelta electoral. Ambos irán a la segunda vuelta, a llevarse a cabo el 15 de junio. Uno de los dos será el nuevo presidente colombiano durante los próximos cuatro años.