Tribunal Supremo de Justicia avala politización de las fuerzas armadas en Venezuela
English Con motivo del aniversario 193 de la Batalla de Carabobo, el Presidente Nicolás Maduro encabezó un desfile «cívico-militar» en la tarde de ayer. Durante su discurso, el primer mandatario exigió lealtad a sus seguidores frente a «fuerzas disolventes» que amenazaban la revolución.
«Llamo a la máxima lealtad, llamo a la máxima disciplina. Jamás duden de mí, yo soy un hombre del pueblo», Maduro afirmaba a los asistentes.
Pero la conmemoración no fue lo único que sucedió esa tarde. El mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia que podrá cambiar la institución militar para siempre, al permitir a funcionarios militares participar en acciones de proselitismo político.
La decisión se toma después de que el Frente Institucional Militar (FIM) — ONG de militares veteranos que velan por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas — introdujo un recurso de amparo en marzo en contra de la Ministro de Defensa, Almirante Carmen Meléndez. El 15 de marzo, la Ministra Meléndez había ordenado a funcionarios de las Fuerzas Armadas a asistir a una concentración organizada por el partido de gobierno Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para demostrar apoyo al desempeño de la Guardia Nacional durante las protestas estudiantiles.
Sin embargo, miembros de la cámara constitucional decidieron que la participación de los militares no viola la constitución, la cual establece en sus artículos 328 y 330 a la institución como «esencialmente profesional, sin militancia política», que está «al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna», y prohíbe a sus miembros participar «en actos de propaganda, militancia o proselitismo político».
Según los magistrados, la participación de funcionarios militares en eventos políticos «no constituye un menoscabo a su profesionalidad», sino que por el contrario, constituye «un baluarte de participación democrática y protagónica». Desde su perspectiva, los funcionarios militares no deberían estar privados de ejercer su derecho garantizado en la Constitución (artículo 62) que establece que cada ciudadano puede «participar libremente en asuntos públicos».
La sentencia se fundamenta en el hecho de que «en todos los ejércitos del mundo existe el saludo militar, cuya manifestación responde a la idiosincrasia o cultura del país o al momento histórico, social y político por el que hayan atravesado, toda vez que el saludo militar indica una muestra simbólica, profesional e institucional, de respeto, disciplina, obediencia y subordinación ante la superioridad jerárquica y a la comandancia en jefe a la cual responde».
En el fallo, el TSJ también agrega que la participación de los funcionarios militares en el proselitismo político es parte de un «proceso progresivo de consolidación de la unión cívico-militar». Curiosamente, las mismas palabras fueron utilizadas por el Presidente Maduro el pasado octubre para referirse a la necesidad de borrar la línea entre lo cívico y lo militar, y fomentar la unión de ambos como uno de los elementos que garantizan la construcción de un Estado socialista.
La falta de neutralidad de altos funcionarios militares durante la era Chavista no es nueva. Una de las tantas demostraciones abiertas de afiliación política ocurrió el pasado marzo, cuando el propio ministro de defensa para ese momento, Diego Molero, afirmó en su cuenta de Twitter «@NicolasMaduro Nuestra institución es impermeable a la intolerancia y odio de algunos, como hijos amados del Comandante Supremo que somos!», refiriéndose a Hugo Chávez.
@NicolasMaduro Nuestra institución es impermeable a la intolerancia y odio de algunos, como hijos amados del Comandante Supremo que somos!
— Diego Molero (@DiegoMoleroB) March 31, 2013
No obstante, ahora que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden oficialmente asistir a concentraciones y marchas políticas —eventos a los cuales probablemente deberán asistir si desean ascender en las filas militares— su supuesto carácter institucional y neutral está en tela de juicio.
Según Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa —ONG dedicada a la contraloría ciudadana sobre asuntos militares— la sentencia desacredita el principio básico de la democracia: La subordinación del poder militar al poder civil.
En palabras de San Miguel, este fallo es un «es un golpe histórico a la institucionalidad e implica la legalización de la FAN [Fuerza Armada Nacional] como un partido armado en Venezuela».
Por su parte, la coalición opositora conocida como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), criticó la decisión a través de una declaración.
«La decisión Nº 651 pretende darle piso jurídico a lo que es una práctica del gobierno: La partidización de la Fuerza Armada, que es distinto a los derechos políticos que tienen los integrantes de la FAN, y es lo que la Sala Constitucional pretende mezclar al creer que los venezolanos somos ingenuos».
Según la MUD, la peor parte es que esta decisión trata de mezclar un saludo militar, claramente partidizado, (que lee «Patria, Socialismo o Muerte) con una supuesta idiosincrasia o cultura. «La ‘idiosincrasia’ es la constitución, y esta es muy clara,» afirma la coalición.
El Vicealmirante Rafael Huizi Clavier, presidente de la junta directiva del FIM, habló exclusivamente con el PanAm Post sobre las implicaciones que esta sentencia pueda tener en la institución castrense.
«El Frente Institucional Militar deplora que los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, quienes deben velar por el respeto y cumplimiento de los postulados de la Constitución, hayan tomado una decisión anti natura, la cual sienta un grave precedente en la institucionalidad venezolana, acaba con el Estado de derecho, y rompe un principio
fundamental de la democracia como lo es la subordinación del poder militar al poder civil».
El vicealmirante describe esta sentencia como «ignominiosa», y sostiene que durante los últimos 15 años, las Fuerzas Armadas de Venezuela así como sus valores de disciplina, respeto, obediencia y subordinación, han sido destruidas. Ahora «la veremos ‘legalmente’ transformada en un partido político revolucionario, antiimperialista, socialista y chavista, como repiten constantemente sus integrantes».
