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Asesinan a periodista colombiano tras privársele protección oficial

Por: María Gabriela Díaz - Ago 14, 2014, 3:38 pm

EnglishEl pasado martes por la tarde fue asesinado el periodista colombiano Luis Carlos Cervantes. Después de enfrentar amenazas de muerte durante dos años, las advertencias a Cervantes finalmente se convirtieron en una trágica realidad.

Su asesinato ocurrió justo tres semanas después de que las autoridades locales decidieran remover la protección de alto nivel que le fue concedida a Cervantes hace dos años. Ahora, todos los ojos están sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), a quien la Asociación de Periodistas de Antioquia acusa de incompetente en su tarea de proteger a los periodistas que trabajan bajo el asedio de los narcotraficantes.

En 2013 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a Los Urabeños a su lista de narcotraficantes.
En 2013 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a Los Urabeños a su lista de narcotraficantes. (Terra)

Hace cuatro años, Cervantes se convirtió en corresponsal del canal de noticias Teleantioquia. Sus problemas iniciaron en 2010, cuando descubrió una confabulación entre los trabajadores del Gobierno de la región del Bajo Cauca, los paramilitares y el grupo de narcotraficantes Los Urabeños. Esto ocurrió principalmente en Tarazá y Caucasia, ambas ciudades del departamento de Antioquia.

Cervantes inclusive publicó un artículo en la revista Buenos días Tarazá, en el cual reportó la participación del exalcalde de Tarazá Miguel Ángel Gómez en actividades paramilitares. Gómez cumple actualmente una pena de prisión por tales incidentes y por corrupción.

En abril de 2010, Cervantes fue atacado por un oficial de policía mientras reportaba la captura de otro oficial en Tarazá, quien estaba acusado de manejar municiones de guerra para los grupos paramilitares. Tres años después, una granada explotó a pocos metros de la estación de radio donde trabajaba el periodista.

En octubre de 2013, Cervantes declaró a las autoridades que el líder local de Los Urabeños, Germer Andrés Rebolledo, también conocido como “El Escamoso”, era el instigador detrás de las amenazas. Ese mismo año, Rebolledo fue detenido por la policía tras ser acusado de asesinar a otro periodista, Luis Eduardo Gómez.

Después de introducir varias quejas, la Unidad Nacional de Protección asignó a Cervantes protección estatal las 24 horas. Desde entonces, el periodista siempre estaba escoltado por dos guardaespaldas y un carro de la policía.

Sin embargo, el 20 de julio, la agencia determinó que el periodista ya no estaba en riesgo, y lo retiró de su programa de protección.

El 24 de julio Cervantes reafirmó a la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) que seguía recibiendo amenazas. De acuerdo con su declaración, un hombre que se identificaba como “el paisano” visitó al periodista en su casa de Tarazá y le pidió cierta información sobre el crimen organizado. Después de que el periodista se negó a hablar con el extraño, recibió un mensaje de texto en el cual se le advertía que tenía dos horas para abandonar la ciudad.

Cervantes lo hizo, y se escondió por dos semanas en casas de familiares y amigos. A pesar de conocer los riesgos, salió el martes a Tarazá para visitar a su hijo. Mientras viajaba, dos hombres armados se le acercaron y le ordenaron hacerse a un lado de la carretera, luego le dispararon varias veces, matándolo instantáneamente.

Luis Carlos Cervantes recibía amenazas desde 2010.
Luis Carlos Cervantes recibía amenazas desde 2010. (Fecolper)

Según sus amigos y familiares, Cervantes había recibido al menos 30 amenazas. Después de escuchar las noticias, la Asociación de Periodistas de Antioquia emitió un comunicado. “La vida de un periodista se perdió por la incapacidad de las autoridades de proteger a quien denuncia. Exigimos justicia”.

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró que “según la información evidenciada en el estudio de riesgo, no había nexo causal entre las amenazas recibidas por el señor Cervantes y su labor como periodista”.

A principios de junio, el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas (CERREM) calificó como “ordinario” el riesgo que Cervantes corría, y por ello determinó que el periodista no requería de ninguna medida adicional de protección.

El asesinato de Cervantes no tenía nada que ver con su profesión, de acuerdo con Villamizar, quien hizo una defensa férrea de la decisión previa del UNP.  Hasta que la oficina del Fiscal General determine los motivos detrás del asesinato, no serán capaces de concluir si el comité se equivocó en quitarle la protección a Cervantes, asegura el director.

La Federación Colombiana de Periodistas rechazó la posición de la UNP, y pidió a las autoridades que no dejen la profesión de Cervantes fuera de los motivos de la investigación: “Que no se convierta en uno de los cientos de crímenes a periodistas que se encuentran en la impunidad”.

En 2012 el Gobierno de Antioquia decidió instalar el CERREM como mecanismo para proteger a los periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y líderes comunitarios que, debido a su profesión, puedan estar en peligro debido a grupos paramilitares o el crimen organizado. Sin embargo, con el asesinato de Cervantes, pareciera que el CERREM tiene aún mucho camino que recorrer para alcanzar sus objetivos.

Situación que se acentúa en territorios remotos de Colombia

De acuerdo con Javier El-Hage, director legal internacional de Human Rights Foundation, el asesinato de periodistas es la máxima forma de represión a la libertad de expresión. Es más desenfrenado, explica, en territorios remotos, generalmente gobernados en democracia, pero cuyas políticas de interdicción de la cocaína conllevan a escaladas de violencia y a disputas territoriales entre los narcotraficantes.

“Aunque Colombia es en general una democracia que funciona bien, hay algunas áreas del territorio que aún son controladas por bandas de crimen organizado  —ya sea que se autodescriban como guerrillas marxistas o grupos paramilitares antimarxistas— que juegan un rol importante en el sistema global de comercio de cocaína, y que rutinariamente asesinan a cualquiera que se interponga en su camino, incluyendo a periodistas como Cervantes”, explicó El-Hage a PanAm Post.

El representante de HRF deplora el asesinato de Cervantes, y pide al Estado colombiano identificar, procesar y castigar a los responsables: “Colombia necesita investigar con cautela si este crimen está relacionado con las denuncias que hizo Cervantes en el pasado sobre los vínculos entre los paramilitares y los políticos de la región Bajo Cauca”.

Tomando en cuenta que no todos los países de América Latina tienen una agencia del gobierno como CERREM, esta todavía necesita ser perfeccionada.

“Aunque que el Gobierno de Colombia tiene uno de los sistemas más avanzados de protección a periodistas de América Latina, y la decisión de sacar a Cervantes del programa pareció haber seguido procedimientos estandarizados por la CERREM, esta última falla para salvar la vida de Cervantes debe impulsar una revisión exhaustiva de los procedimientos dirigidos a reducir la repetición de tragedias de este tipo en el futuro”, afirmó el representante de HRF.

Traducido por Elisa Vásquez

María Gabriela Díaz María Gabriela Díaz

María Gabriela Díaz era reportera para el PanAm Post desde Caracas y coordinaba el programa de pasantías. Es Licenciada en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales.