Durante los años del kirchnerismo (2003-2015) el gobierno argentino llevó adelante una política de total libertad para quienes manifestaban ilegalmente en el país. Las escenas de encapuchados con palos cortando calles, avenidas y rutas se volvió típica. Esta política de estado se denominó la “no criminalización de la protesta social”.
Lea más: Macri minimizó errores y aseguró que los argentinos no quieren volver al kirchnerismo
Más allá de buscar un correlato con el discurso izquierdista, el kirchnerismo (que tenía sus internas en las fuerzas de seguridad y de inteligencia) tenía pánico de que “les tiren un muerto”, como se dice en la jerga política argentina. El expresidente Eduardo Duhalde tuvo que adelantar la entrega de su mandato por la muerte de dos militantes de izquierda a manos de fuerzas policiales durante 2002.
Esta situación generó un descontento en grandes sectores de la sociedad que buscaban una respuesta clara para este problema en marco de la ley. Mauricio Macri prometió en campaña que esto se terminaría en su gobierno, pero no todo fue tan fácil. Inclusive dentro de Cambiemos existen sectores que temen utilizar las fuerzas de seguridad y no todos están dispuestos a restablecer el orden público. Esta pulseada parece haber encontrado por el momento un ganador cuando las encuestas mostraron un alto apoyo al presidente luego de liberar con gendarmes la Autopista Panamericana durante el último paro.
Durante la jornada de ayer, un grupo de sindicalistas docentes buscó instalar una carpa en la Plaza del Congreso, frente al parlamento, para que funcione como “escuela intinerante”. El espacio requería una construcción de 15 metros por seis y pensaba ser utilizado para dar clases y para discutir el conflicto gremial vigente.
Cabe destacar que el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pertenece al sector del gobierno que más reparos presentaba a la hora de utilizar la fuerza pública en situaciones de cortes de calles, pero parece que en esta oportunidad primó la sintonía con el nuevo estilo del gobierno nacional y mandó a impedir el establecimiento de la carpa.
De esta manera, la policía desalojó con incidentes la precaria construcción y luego de un enfrentamiento, que el kirchnerismo y la izquierda denunciaron como “represión policial”, se registraron varios detenidos.
Fuentes de la Secretaría de Espacio Público, en diálogo exclusivo con PanAm Post, destacaron que los manifestantes se encontraban en “clara situación de infracción” ya que una construcción semejante requiere un permiso que se otorga con 20 días de anticipación. “Para una estructura semejante se necesita un seguro, que no tenían. Se realizaron las intimaciones pertinentes, pero se negaron a desarmar, por lo que tuvo que intervenir la policía”.
De esta manera el gobierno evitó un foco visible constante de concentración política y gremial en un lugar estratégico, pero deberá dar el debate incómodo sobre el uso de las fuerzas de seguridad.