El ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, se reunió por tercera vez con emisarios de la empresa Odebrecht. Según fuentes del Poder Ejecutivo al diario La Nación el ministro hizo una nueva contraoferta y le dio un ultimátum para que respondan si aceptan el trato del gobierno de Macri. Garavano quiere la lista de los funcionarios kirchneristas que recibieron las coimas que Odebrecht reconoció pagar en Argentina.
Según un comunicado del ministerio, la intención del gobierno sería, en primera instancia, “recuperar los activos” producto de los hechos de corrupción. “No fue una reunión fácil, porque la empresa insiste en no ser perseguida por la justicia”, destacaron fuentes cercanas a Garavano. Participaron del encuentro que se realizó ayer un abogado y un gerente de la empresa de Brasil.
La estrategia del ministro de Justicia es cuestionada dentro y fuera del gobierno. La Oficina Anticorrupción argentina, comandada por Laura Alonso, decidió no participar en la negociación y faltó a la reunión de ayer.
“No hay conversación posible con Odebrecht, Consideramos que debemos apartarnos de las reuniones porque vamos a ir por la vía judicial. Estamos trabajando en los petitorios que vamos a hacer para ser querellantes en las causas”, confirmaron fuentes del organismo.
En la jornada de ayer, donde se presentó el Jefe de Gabinete Marcos Peña en el Congreso Nacional, los legisladores kirchneristas fustigaron al funcionario por las conversaciones con la empresa vinculada a los delitos de corrupción. Peña respondió que debían hacerlo porque que la Procuradora Nacional tiene afinidad con el kirchnerismo y obstruye la investigación. “Las coimas se pagaron a funcionarios de su gobierno”, respondió ayer Peña ante las acusaciones.
Por parte de la empresa Odebrecht, piden para colaborar con la lista de los funcionarios que recibieron pagos, inmunidad judicial y continuar trabajando en las obras que se encuentran en marcha.
Hasta ahora, las propuestas fueron consideradas como “inadmisibles” por parte del gobierno. La intención de Garavano es que entreguen la lista, realicen un depósito de 35 millones de dólares en concepto de multa y luego abrir las negociaciones sobre las obras, pero bajo las condiciones del Poder Ejecutivo.