Mascotas en Buenos Aires: cuando una encuesta por internet vale más que el derecho de propiedad

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Para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los dueños de los bares deben ajustar sus políticas al resultado de una encuesta por internet. (Twitter)
Para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los dueños de los bares deben ajustar sus políticas al resultado de una encuesta por Internet. (Twitter)

En el marco de modernidad y diálogo con el que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, busca caracterizar su gestión, se realizó una insólita encuesta en redes sociales que tuvo un peligroso alcance legal.

El intendente, continuador de la gestión de su jefe político Mauricio Macri, decidió que la ciudadanía vote mediante Facebook y Twitter si los restaurantes de la ciudad deberían o no aceptar el ingreso de mascotas.

La «votación-encuesta» tuvo 290.000 participaciones y triunfó la opción negativa con un 52 %.

El subsecretario de Comunicación de la Ciudad, Federico Di Benedetto, comentó al diario La Nación que el resultado del experimento determinó la política municipal:

«Estamos muy contentos con el nivel de participación que tuvo la consulta. Mucha gente opinó, votó, participó y la mayoría de ellos no estuvo de acuerdo con la iniciativa, por eso vamos a respetar la voluntad de la gente y no vamos a avanzar con el proyecto¨.

 

Este engendro con pretensiones democráticas sienta un pésimo antecedente en materia de derechos de propiedad. Si ya es peligroso que un gobierno nacional, provincial o municipal disponga de lo que se puede o no hacer dentro de un establecimiento privado, justificar una política pública semejante mediante votación, puede ser incluso peor.

En una sociedad pacífica y civilizada ni el intendente, ni su subsecretario de Comunicación, ni los votantes por Internet pueden decidir sobre los asuntos que no los incumben.

Mientras no se generen daños a terceros, cada establecimiento debe elegir libremente si entran o no mascotas al lugar, de la misma manera que los comensales deciden si desean ir o no a ese restaurante.

Cualquier medida coercitiva que exceda una señal indicativa en la puerta del local, donde se informe la política de la casa, es arbitraria, injustificada y violatoria de los derechos de propiedad consagrados en la Constitución Nacional.

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