La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente funciona como una fábrica de regulaciones perjudiciales, ha escrito una nueva triste página en su historial. Otra vez los legisladores porteños intentaron vestirse de héroes, ahora para buscar abaratar los costos de los alquileres para las personas que no poseen propiedades. No sólo no cumplirán con el objetivo buscado sino que complicarán más la situación, sobre todo para los más necesitados.
Esta nueva aventura demagoga se planteó el “noble” objetivo de que los inquilinos, en supuesta inferioridad de posibilidades, queden eximidos del pago de las comisiones a las inmobiliarias. Las mismas deberán acordar la comisión con el propietario.
La nueva regulación tuvo 51 votos afirmativos, ninguno negativo y 2 abstenciones. Si alguien piensa que éstas fueron por parte de algún legislador pensante, que haya tenido dudas sobre la efectividad de la medida, se equivoca. Fueron dos diputados de izquierda que consideraron que la propuesta no era lo suficientemente intervencionista.
Bajo el número 2340, la ley también regula el monto de las comisiones, que tendrá un límite de 4,15% del valor total del contrato.
Cabe destacar que la propuesta no salió del kirchnerismo ni de la izquierda, sino del Jefe de Gobierno macrista, Horacio Rodríguez Larreta, quien festejó la aprobación de una ley absolutamente contraproducente.
El problema en Buenos Aires, como en el resto de Argentina, para que las personas de menores ingresos tengan posibilidades de alquilar no son los “abusos del mercado” sino las regulaciones bienintencionadas. Ante la imposibilidad de desalojar a un inquilino que no cumple con su pago, ya sea porque tiene una familia que mantener o por que se haya quedado sin trabajo, los propietarios deciden “cubrirse” con garantías y otras cuestiones que terminan distorsionando el valor que tendría en una situación de mercado real. El incremento de los precios por causas artificiales ante la imposibilidad de desalojo, a los primeros que perjudica son a las personas de menores ingresos que están dispuestas a pagar en término. Muchas veces estas familias terminan hacinadas en hoteles de pago diario o semanal, abonando precios incluso más altos que lo que pagarían por un departamento bajo las reglas del “capitalismo salvaje”.
Dadas las regulaciones ya vigentes, como los períodos de contratos mínimos obligatorios, o el control de precios que se busca aprobar a nivel nacional, todas estas normativas traerán más complicaciones a la hora de contratar.
Si los legisladores buscan facilitar el alquiler para las personas de menores recursos, lo que deberían hacer es reducir las normativas que separan a las partes, no incrementarlas.
Más allá del impacto real que pueda tener esta medida (seguramente se trasladará al costo, al menos en una parte) lo más perjudicial para la economía argentina es que se sigue fomentando en lo cultural la idea equivocada de que las leyes pueden fijar precios y costos.