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Un denominador común de los procesos populistas es la utilización de figuras conocidas con propósitos vinculados al mundo de la política. En la totalidad de los casos vemos cómo determinados personajes públicos son seducidos con diversos proyectos políticos. Claro que esto no es gratis. Si bien se vende ante la opinión pública que el apoyo de estos personajes a determinados gobiernos no tiene nada que ver con los jugosos contratos que reciben, es evidente que ambas cosas vienen de la mano.
Uno de los casos más notorios en la región es el del exfutbolista Diego Armando Maradona, que ha firmado nuevamente con el chavismo para comentar el próximo mundial de fútbol por Telesur. Al capitán de la selección argentina campeona en México 86 también se lo veía seguido en los medios ecuatorianos cuando Rafael Correa era el presidente. Hay que ser muy ingenuo para pensar que los apoyos ideológicos tienen que ver exclusivamente con un compromiso vinculado a los principios políticos. Claro que pueden estar en sintonía, pero rara vez esto ocurre se ven sin cifras millonarias que terminan aportando los contribuyentes.
La noticia de hoy en Argentina es que la actriz Andrea del Boca, de famosas novelas en las décadas del ochenta y noventa, deberá presentarse a la justicia para rendir cuentas luego de que su productora firmó en su momento con las autoridades kirchneristas un contrato por más 36 millones de pesos (dos millones de dólares al tipo de cambio de hoy) por un programa de televisión que nunca se realizó. Según la empresa el producto no se pudo terminar, ya que recibieron solamente 24 millones. Ni un episodio de «Mamá Coraje» fue emitido en la televisión del Estado.
Claro que no hace falta explicar que la famosa actriz durante los 12 años del kirchnerismo era una de las caras visibles de varios de los actos oficiales. Hoy, del Boca busca tomar distancia y jura no haber sido «amiga de Cristina» y repite que no es «kirchnerista», sino «peronista» (cliché repetido a la hora de buscar despegarse del antiguo régimen caído en desgracia).
En esta oportunidad el caso llegó a la justicia porque el manejo impúdico de los recursos públicos fue tal, que el programa ni siquiera llegó a verse en la pantalla. Pero la pregunta que hay que hacerse es si es válido que se paguen fortunas del Estado a personajes públicos por programas televisivos, aunque estos se realicen y se emitan, independientemente del éxito y la cantidad de personas que vean las transmisiones.
Ante esta noticia muchos periodistas y analistas repiten que el problema es que el programa no se llegó a terminar y nunca se transmitió. Pero esto es solamente el nivel de gravedad que alcanzó el caso. Si hubieran destinado más recursos a la realización del mismo, aún sería cuestionable el uso de recursos públicos para estas actividades. Sobre todo en la grave situación de déficit fiscal que tiene Argentina.
Por estos días el presidente Mauricio Macri busca la forma de poder poner en orden las cuentas fiscales y una buena oportunidad sería que la opinión pública comience a considerar como una corrupción este tipo de actos, a erradicar los contratos del Estado con personajes del mundo del espectáculo, sin importar que los programas finalmente se realicen o no y cuánta gente termine viéndolos en la pantalla.
