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En un caluroso enero de Buenos Aires, como el que está por comenzar la próxima semana, pero hace tres años, Alberto Nisman sacudió el mapa político argentino como nunca antes había ocurrido en el kirchnerismo.
El fiscal del caso AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) apareció en televisión confirmando que había denunciado a Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento en la investigación del atentado ocurrido en 1994.
Tan grande fue el impacto de aquella aparición televisiva donde el país conoció la denuncia, que el comentario general al día siguiente fue que el fiscal había salvado su vida al hacer masiva y pública su investigación.
Luego de que millones de personas entraron en contacto con la información, se generó la idea —en la opinión pública— que nadie podría atentar contra él luego semejante exposición.
El país pensó que de pasarle algo al fiscal todo sería muy «obvio». Nisman, sin embargo, apareció muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero, a horas de tener que presentarse en el Congreso para ampliar su denuncia.
Desde un primer momento la jueza Sandra Arroyo Salgado, —exmujer y madre de las dos hijas de Nisman—, insistió con la tesis del homicidio, que luego se confirmó con las pericias oficiales realizadas por Gendarmería Nacional.
Para la jueza Arroyo Salgado, Diego Lagomarsino, —supuesto perito informático del fiscal fallecido—, es una pieza fundamental del homicidio. Lagomarsino había declarado que le «prestó» el arma con la que se realizó el disparo fatal, ante un pedido del mismo Nisman.
Y este 26 de diciembre el juez Julián Ercolini lo procesó, junto a los oficiales a cargo de la custodia de Nisman el día de su muerte como «partícipe necesario del delito de homicidio».
Por otra parte, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quedó a un paso del juicio oral por el encubrimiento del atentado, tal cual aseguró al país Nisman que ocurrió antes de aparecer muerto.
El juez Claudio Bonadio le corrió vista al fiscal y a las querellas, y se definirá en los próximos días si la etapa de instrucción está terminada para iniciar el proceso. En la causa se investiga «un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la Justicia».
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