Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, la justicia, que en teoría no debería estar relacionada con nada de lo que pasa en el mundo de la política y tendría que mantenerse al margen de los cambios electorales, comenzó a activar con celeridad diversas causas contra dirigentes kirchneristas de la primera línea. Entre los detenidos se encuentran, nada más y nada menos, que el exvicepresidente Amado Boudou y el secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini.
Las prisiones preventivas, ya que los procesos se encuentran abiertos y todavía no hay condenas firmes, alcanzaron también a varios dirigentes sindicales, que hasta hace muy poco eran parte de una casta intocable en Argentina. Algunos ejemplos de los capos gremiales que cayeron en desgracia durante el macrismo son los de Omar «Caballo» Suárez (Obreros Marítimos Unidos), Marcelo Balcedo (Obreros de Minoridad y Educación) y Juan Manuel «Pata» Medina (Construcción).
Por estos días, el gobierno, en conjunto con la Corte Suprema de Justicia, buscan una modificación en el Código Penal para endurecer las penas relacionadas con los delitos de corrupción. La comisión a cargo del proyecto cuenta con 13 miembros y fue impulsada por Germán Garavano, ministro de Justicia. Antes de que finalice 2017 ya tuvieron lugares diferentes reuniones con jefes de bancadas en el senado, como el oficialista Federico Pinedo y los peronistas Miguel Ángel Pichetto y Rodolfo Urtubey. Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, se encuentra trabajando actualmente en el borrador de esta propuesta.
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El nuevo proyecto buscará endurecer ciertas penas consideradas livianas en la actual legislación. Ejemplos de esto son los delitos de «malversación de caudales públicos», hasta ahora penalizado con un lapso de un mes a tres años, o los casos de «cohecho», «enriquecimiento ilícito» y «negociaciones incompatibles con la función pública», tipificados con penas que van de uno a seis años como máximo.
A pesar de que sin dudas se trate de un paso en la dirección correcta, el endurecimiento de las penas y las detenciones de los funcionarios kirchneristas y sindicales corruptos no son suficiente como para generar un cambio de fondo en Argentina.
Lamentablemente en el país todavía se considera que la corrupción depende exclusivamente de dirigentes honestos o corruptos y no se le presta la atención debida a los incentivos que generan ciertos modelos. Con el colapso del kirchnerismo, mucha gente pensó que Argentina estaba dejando atrás una etapa de corrupción total, para ir hacia un modelo más transparente. Pero si no se repara en el modelo político-económico que fue un caldo de cultivo para semejante corrupción, lamentablemente el problema se repetirá una y otra vez, con funcionarios de distinto signo político partidario.
Hasta el momento (y sobreviviendo al último gobierno) todavía existe en el país un modelo estatista con gran poder -y discrecionalidad y arbietraridad- de los funcionarios. Mientras que exista un modelo de estas características que obligue a conseguir permisos y autorizaciones de la burocracia para prácticamente todo, la corrupción renacerá en todos los niveles de gobierno.
Si Argentina busca un cambio hacia la transparencia necesita, además de las condenas a los responsables del pasado, generar un marco legal transparente, con menos regulaciones, más claro, con menos poder para la burocracia y más libertad para los individuos.
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