En la tarde de hoy, la Corte Suprema de la Nación Argentina, mediante una acordada que alcanzó el voto afirmativo total de los jueces, dejó sin efecto todos los sorteos en los que haya sido designado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 9.
Los ministros de la máxima autoridad judicial que suscribieron la decisión —sobre todas las causas que habían llegado al Tribunal Oral Federal 9— fueron Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz.
El tribunal en cuestión tenía asignado, nada más ni nada menos, que la denuncia que enfrenta la expresidente de la Nación Cristina Fernández de Kichner por traición a la patria, en el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) de 1994.
El TOF 9 también tenía asignada otra de las causas que más complican a Cristina: el desvío de fondos multimillonario de la obra pública durante los tres gobiernos kirchneristas (Néstor 2003-2007 y los dos mandatos de su esposa, que dejó el poder en 2015).
Las causas que pesan contra la exmandataria argentina habían sido asignadas previo a la habilitación del tribunal.
El trámite en cuestión correspondía a la Corte Suprema. Es por esto que el máximo tribunal argentino solicitó a la Cámara de Casación (que asignó previamente las causas) a que “se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia, en especial aquellos que puedan afectar la debida prestación del servicio de justicia como, en el caso, sortear causas a tribunales que no cuenten con la previa habilitación de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Ante esta acordada de la Corte, ahora la Cámara de Casación tiene que hacer un nuevo sorteo para designar un nuevo tribunal que juzgue a Cristina Kirchner. Según publicó el diario Clarín, el sorteo podría hacerse durante la mañana del viernes.
Desvíos de dinero en la obra pública
En esta causa, la exmandataria está imputada por un supuesto desmanejo en los fondos del Estado, para privilegiar al empresario (actualmente detenido) Lázaro Báez en la construcción de obra pública de la provincia de Santa Cruz. El juez federal Julián Ercolini redactó en la resolución:
“Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.
AMIA, Nisman e Irán
En 1994, en la Ciudad de Buenos Aires, un atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina causó 85 muertos luego de la explosión de un coche bomba.
El fiscal Alberto Nisman llegó a la conclusión que la expresidente, junto a un grupo de funcionarios de su gobierno, impulsó un Memorandum de Entendimiento con Irán, que a pesar de que se propuso con la excusa de poder interrogar a los sospechosos en Teherán, tenía como finalidad la impunidad a cambio de tratados comerciales que le darían a la Argentina recursos energéticos.
Luego de que Nisman contara en los medios de comunicación su denuncia contra la presidente apareció muerto de un disparo en la cabeza, horas antes de hacer una presentación en el Congreso de la Nación, donde había sido citado por la oposición.
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