Polémica por sueldo de obispos en Argentina: ocasión para reforma fiscal

Luego del intenso debate sobre la despenalización del aborto, que será resuelto finalmente en el Congreso, explotó una nueva discusión en Argentina, que también tiene a la Iglesia católica en el medio.

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Para monseñor Aguer, como las limosnas de sus fieles son insuficientes, el Estado debe seguir pagándole un sueldo. (Twitter)

Nuevamente en Argentina se debate si el Estado debe pagarle el sueldo a los obispos o no. En esta oportunidad, la cantidad de recursos públicos que se lleva la curia quedó en evidencia ante la opinión pública, que mayoritariamente pareciera mostrarse en favor de terminar con el privilegio.

Sin embargo, para analizar la situación de forma madura, amplia y sin prejuicios, cabe debatirse la raíz de la cuestión: ¿cómo se usan los fondos públicos y cuánto de esos recursos contribuyen a un mejor nivel de vida de los contribuyentes? Si nos animamos a correr ese velo llegaremos a la conclusión de que finalizar con el subsidio a la iglesia es necesario, pero que es tan solo la “punta del iceberg”.

La pregunta que encendió el debate

Esta semana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se presentó en el Congreso para dar cuentas de la gestión del macrismo. Como es costumbre, todos los bloques legislativos preparan sus consultas, las que el funcionario va respondiendo durante la sesión.

Una de las preguntas fue sobre la cantidad de recursos públicos destinados a los funcionarios de la Iglesia católica, que tuvo respuesta sin ningún rodeo: $130 millones de pesos por año (aproximadamente USD $20 millones). En el artículo del PanAm Post del 14 de marzo, luego de las respuestas de Peña, comentamos:

“No sería de extrañar, por el debate que generó este punto, como por su impacto en los medios, que finalmente se abra el debate sobre si corresponde o no al Estado argentino continuar pagando los sueldos de los obispos de la Iglesia católica”.

Horas después la discusión se había instalado en la agenda política y todos los números estaban siendo discutidos en la opinión pública. Los obispos reciben del Estado $46.000 pesos mensuales (USD $2.300), mientras que los ayudantes y eméritos $40.000 (USD $2.000).

Enojo de la curia

El malestar de la iglesia ante este debate es evidente. Una de las reacciones más notorias fue la del obispo de Córdoba, Sergio Buenanueva, que dio a entender que existió una intencionalidad política a la hora de realizar esa pregunta en concreto. “Me parece raro que un diputado, que tiene que aprobar el presupuesto, haya preguntado esto que es información ya conocida”, resaltó el religioso.

Por su parte, el arzobispo de La Plata, monseñor Aguer, se sumó al debate con una postura cuestionable. Para el prelado, como las limosnas de los fieles son pocas, el Estado los tiene que subsidiar:

La Iglesia no podría prescindir de eso (subsidios) es un aporte importante. Hay una deseducación en los files católicos que no aportan, si nos fijamos lo que es la limosna en la misa es una colecta miserable.

Ante la consulta sobre que haría si se modifica esta situación, el religioso respondió: “Si me lo rebajan o me lo quitan me arreglaré como pueda”.

Oportunidad: discutir todos los privilegios estatales o limitarnos al debate de la iglesia

Ante la indignación que generó en gran parte de la sociedad argentina las declaraciones de Aguer, existe la posibilidad de arremeter contra los subsidios a la Iglesia católica, como si fuese un tema asilado y conseguir una victoria escueta (de casi nulo impacto en el presupuesto y el déficit, hay que decirlo) o se puede tomar la oportunidad para ir a un debate de fondo. Si se va “al hueso” con la cuestión de los privilegios (en general) sí se puede conseguir solucionar el problema del déficit fiscal y se puede avanzar hacia un esquema más justo para todos los contribuyentes.

Los salarios de los obispos del erario, que lógicamente tienen que ser terminados lo antes posible, deben dar la oportunidad para advertir que el verdadero problema es la discreción de un esquema gubernamental, que gasta los recursos públicos según los intereses de la clase política y no de los contribuyentes.

Hay que avanzar en un esquema de federalismo fiscal, donde se termine con el sistema socialista de coparticipación, donde en todas las provincias se cobran los mismos impuestos (a los que se les suman las tasas locales), los que recauda el Gobierno central, que luego distribuye de forma arbitraria e ineficiente. Cambiando este sistema por una competencia fiscal entre distritos, y con un Gobierno nacional que solamente pague los gastos federales, no solo se incrementaría la libertad política de intendentes y gobernadores, sino que cada centavo que se gasta de los fondos públicos, podría ser auditado por los contribuyentes en sus localidades.

Conformarse con quitarle los salarios a los obispos, sería sin duda una oportunidad perdida de poder hacer las verdaderas reformas que hacen falta en Argentina.

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