Cuando las leyes de “Identidad de Género” fueron avanzando, a pesar de contar con apoyos mayoritarios dentro del ámbito político y legislativo (en algunos casos por convicción, en otros por temor a lo políticamente incorrecto), la opinión pública se dio un debate con mayores cuestionamientos. Allí surgieron las inquietudes de qué pasaría al poder cambiar la identidad sexual, por el mero hecho de manifestar la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, si un hombre se “convierte” en mujer para reducir una condena o para jubilarse antes de tiempo.
Estos casos se mantuvieron en lo hipotético, mientras las “cuestiones de género” siguieron ganando espacio en el terreno legal. Con algunas cosas se dio marcha atrás, como con la propuesta de tarifa preferenciada en el transporte público para transexuales (a modo de subsidio por el reconocimiento a la supuesta histórica discriminación y complicación a la hora de encontrar empleo). Con este caso puntual, las automáticas expresiones en redes sociales sobre las personas que viajarían con peluca y lápiz labial a la hora de usar el transporte público para acceder al descuento, hicieron que el tema quede suspendido, para evitar situaciones complicadas de explicar para la agenda de género.
En la mañana de hoy, uno de los casos hipotéticos se plasmó en la realidad, en los términos exactos de aquellos imaginarios absurdos que podían generarse con las nuevas legislaciones.
“Sergia” se jubiló 5 años antes
Sergio Lazarovich, salteño, empleado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), nunca en su vida consideró “cambiar de sexo”. Tiene en su vida hijos, matrimonio, divorcios y, por consiguiente, un claro perfil heterosexual. Inclusio en la actualidad se encuentra en pareja con una mujer menor que él.
Dentro del marco legal actual, Sergio debería esperar 5 años para jubilarse y dejar de trabajar. Claro, que de ser mujer podría acceder este mismo año al beneficio. El personaje en cuestión, consciente de que podría “convertirse” en mujer con solamente solicitarlo, no lo dudó y se rebautizó ante las autoridades como “Sergia”.
“Su caso es re conocido, llevó bastante tiempo y generó discusiones, hasta que hace poco se lo autorizaron. Inicialmente se lo negaban, pero él se amparó en la Ley de Identidad de Género. Fue un largo proceso administrativo”, comentó el director del Registro Civil de Salta.
¿Y ahora?
El hecho, por más escandaloso que sea, no fue otra cosa que la única consecuencia lógica de las normativas legales aplicadas con sus respectivos incentivos. Desde el Estado se podría implementar la idea de generar “investigaciones” para comprobar el verdadero “comportamiento sexual” de los interesados en el cambio de género, pero ¿qué se podría argumentar si otra persona decide tomarse más en serio el asunto y en vez de tener una novia visible decide mudarse con un amigo al que señala como su pareja? Es claro que este camino no llevaría a otro resultado que no sea el bochorno total de un “Estado investigador” de intimidades, dilapidando recursos públicos en un marco de grave inseguridad y altos índices de delincuencia.
Sin embargo, el hecho de no encontrar un motivo legal como para mandar a Sergio a trabajar (sus compañeros comentaron a los medios que “vivía de licencia”), generará que estos hechos proliferen en el futuro una y otra vez. Habrá que ver si los legisladores pueden dejar de lado el temor a lo políticamente incorrecto y hacer su trabajo para reparar los daños que ellos mismos generaron en el pasado.