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En diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia de Argentina luego de la página más negra de la democracia, escrita por Néstor y Cristina Kirchner. El estatismo agobiante y el control gubernamental sobre la economía dejó al país en una crisis terminal que la gestión de Cambiemos debía revertir.
En los últimos dos años, el nuevo Gobierno bajó impuestos agropecuarios, se terminó el control de cambios y comenzó un lento cambio gradual que se muestra en la dirección adecuada, pero con una lentitud preocupante. Sin embargo, dentro de este proceso de cambio, las autoridades suelen mostrar algunas alarmantes actitudes que se muestran dignas de la expresidente. En algunos casos, incluso peores.
Desde ayer, por una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), todos los comercios tienen la obligatoriedad de aceptar tarjeta de débito como medio de pago. En caso de no contar con el posnet para efectivizar el cobro, el Estado argentino puede multarlo y clausurar el negocio.
El extitular de la AFIP, Alberto Abad, que fue homenajeado por el presidente Macri la semana pasada, en medio de la campaña de «concientización», insistió a través de los medios de comunicación que los pequeños comercios debían prepararse para el cambio. «El que avisa no traiciona», destacó en tono de amenaza el funcionario.
Un enfoque peligroso
Los medios de comunicación argentinos contaron de una forma parcial la noticia, y la libertad de los comerciantes, que según la Constitución Nacional deberían ser los propietarios de sus negocios, fue ignorada por completo en todas las coberturas. En los últimos días no existió una sola voz que critique abiertamente una medida, que además de violatoria de libertad y a contramano del derecho de propiedad, es altamente contraproducente.
El hecho de que las grandes cadenas y las empresas más importantes tengan la posibilidad del pago con débito, pero que esto no se replique de la misma forma en la totalidad de los pequeños comercios, no se trata de un capricho, sino que es un síntoma de una enfermedad que aquí ni se menciona: la alta presión impositiva.
Si el Gobierno argentino se propone hacer cumplir sin excepción el pago de todos los impuestos vigentes e intenta que cada transacción comercial tribute lo que «corresponde», mandaría a la quiebra a cientos de miles de pequeños comerciantes que operan hoy en el margen.
El kirchnerismo, en sintonía con regímenes autoritarios como el cubano, comprendía la necesidad de hacer «la vista gorda» con el comercio minorista informal, ya que hacerle cumplir las reglas del delirante esquema fiscal argentino (que ellos mismos fijaron) hubiese generado más desempleo y exclusión. Si bien esto deja en evidencia una hipocresía total, a veces es preferible lidiar con una burocracia hipócrita que consecuente, cuando nos encontramos en un marco normativo violatorio de las libertades individuales.
Si la dictadura castrista, que tiene un servicio de inteligencia lo suficientemente sólido como para impedir la oposición política, decidiera perseguir a las prostitutas o a las familias que ofrecen cama o comida a turistas por unos dólares, tendría que enfrentarse a un resultado contraproducente, que dejaría más en evidencia el fracaso del sistema. Lo único que diferencia la miseria de Cuba con el escenario aún peor de Corea del Norte, es la consecuencia con que las autoridades hacen cumplir con las normas socialistas.
Lo peor que pueden hacer los argentinos
La AFIP ya dejó en claro que lo único que quiere es recaudar más. O no son conscientes de los daños que pueden generar con esta iniciativa, o directamente, no les importa. Lo preocupante es que el macrismo avala, no solo la medida, sino la estrategia de convertir a los ciudadanos en agentes de una especie de «stasi», que contarán con los medios de comunicación para denunciar al verdulero, o al dueño del bar en caso de negarse a utilizar este medio de pago.
Para que esta iniciativa tenga éxito, la burocracia tiene que nutrirse de varias denuncias, para que cientos de comercios sufran el escarmiento y den una clara señal al resto para que acaten. Los argentinos tienen que comprender que para ir a una mayor bancarización, y para que todos los comercios puedan aceptar todos los medios de pago, hay que ir en una dirección completamente opuesta.
El camino es reducir los impuestos, no castigar a los pequeños comercios que no pueden afrontar una abrumadora presión fiscal. Si los vecinos aceptan el rol de «denunciantes ad honorem» del fisco, lo más probable es que, en lugar de conseguir lo que buscan, obtengan más comercios cerrados, más desempleo y precios más caros.
