En la Ciudad de Buenos Aires el conflicto alrededor de Uber sigue candente. A diario cada vez más usuarios conocen la aplicación, lo que se traduce en una merma de la utilización del tradicional taxi. Pero en lugar de mejorar precios y servicio, los sindicatos de taxistas están decididos a dar la lucha de la eliminación del rival y no la de competir. La justicia porteña parece estar redactando fallos a pedir de los taxis (y de espaldas a la Constitución), pero las empresas que brindan servicios de internet no parecen estar dispuestas a acatar las medidas fácilmente.
“Clausura del dominio web”
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las firmas de los jueces Fernando Bosch y Marcela De Langhe, ordenó cerrar en todo el país el dominio web de Uber, como también de su aplicación. Los magistrados hicieron lugar al pedido del fiscal de Cámara Martín Lapadú, “cruzado” de la causa anti Uber en Argentina.
Lapadú insistió ante los medios que el funcionamiento de Uber es delictivo y que ahora, tras el fallo, las empresas que brindan servicios de Internet, como los organismos de control, serán punibles de penas si la aplicación sigue funcionando:
“Es la única herramienta efectiva con la cual impedir que se siga consumando el delito y la contravención por parte de esta corporación internacional”. A partir de este momento, la responsabilidad del bloqueo de Uber resulta exclusiva de estas empresas de Internet y de los organismos encargados de controlarlas”.
Dura respuesta de las empresas
La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones difundió un comunicado donde se advierte sobre los riesgos de acatar el cuestionable fallo judicial. Para la ASIET, el dictamen de la Sala II a pedido de Lapadú ” no constituye una solución al problema de fondo” y “tiene potenciales efectos nocivos sobre la integridad y seguridad de la red”.
Para la Asociación “esta decisión ocasiona daños colaterales” y tiene “instrucciones que no son precisas”, además de poner a los usuarios en riesgo. En el comunicado enviado a la prensa, se advirtió también que Argentina sigue dando “señales negativas en lo que respecta a la receptividad de nuevas tecnologías” y que estos fallos contradicen al Poder Ejecutivo que “pregona un proceso de reinserción internacional”.
Mientras tanto en la calle…
Uber, al día de hoy, sigue funcionando y la empresa advirtió que no fue notificada del fallo de cámara. Sin embargo, la batalla judicial parece no tener fin mientras se recrudece la otra batalla. La de las calles.
Ya es sabido que el pasajero de Uber debe acompañar al chofer en el asiento delantero para no llamar la atención de los taxistas, que se encuentran realizando labores de “grupo de tareas” caza-Uber. Los que se encuentran trabajando con la aplicación ya toman muchos recaudos y precauciones con los viajes que aceptan, ya que grupos de taxistas suelen solicitar el servicio para luego destruir el vehículo al momento de su arribo. Ya se han registrado varios casos de violencia e incluso de arrestos ilegales por parte de taxistas que detienen a los choferes para llevarlos a las estaciones policiales.
Mientras tanto las autoridades macristas en la ciudad miran para otro lado. Se hacen los distraídos a la hora de hacer cumplir estos impresentables fallos judiciales y también lo hacen ante la violencia de las mafias de taxistas.
Estos lamentables episodios no se han limitado a Buenos Aires y registran vergonzosos antecedentes en la región. El año pasado en Bogotá un joven recibió un ladrillazo en la cara, cuando subía a un vehículo para realizar un viaje y fue gravemente herido. Este año la aplicación promete estar a disposición para ser utilizada en Paraguay, pero la Asociación de Taxistas de Asunción ya anunció una serie de protestas y se espera un nuevo conflicto parecido en el país.