Luego de varias acaloradas discusiones parlamentarias en Argentina, como ocurrió con el tratamiento de la despenalización del aborto en diputados, una ley fue aprobada en ambas cámaras con el total acuerdo de los legisladores. La llamada “Ley Justina”, que convierte a todas las personas en donantes de órganos, salvo expresa manifestación en vida en un registro oficial, fue sancionada con el 100% de los votos afirmativos. Para la promulgación, lo único que hace falta es la firma del presidente Mauricio Macri.
Hasta este momento se habían realizado diversas campañas para incrementar el número de registrados en el Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), como las consultas en las mesas de votación durante las jornadas electorales. Pero el déficit de órganos y los casos de personas fallecidas que no llegaron a recibir a tiempo la noticia de un donante generó una nueva polémica legislación. Luego de que el presidente argentino promulgue la ley sancionada por ambas cámaras, la persona que no desee convertirse en donante de órganos tendrá que hacer un trámite para registrarse en una lista de individuos que manifiestan su voluntad.
A partir de ahora se invierte la situación: antes había que notificar que uno deseaba donar sus órganos al momento de la muerte y ahora hay que dejar sentado que no.
¿Quién era Justina?
El proyecto de ley impulsado por el senador Juan Carlos Marino fue bautizado por los medios y la opinión pública como la “Ley Justina” en recuerdo de Justina Lo Cane. Una menor que falleció a los 12 años de edad el pasado 22 de noviembre debido a que no recibió a tiempo un corazón para un trasplante. Sus padres, Ezequiel y Paola, estuvieron presentes junto a los legisladores durante el tratamiento en ambas cámaras.
Un proyecto con buenas intenciones, pero que recibió críticas
Aunque la ley salió con la totalidad de votos a favor, varios referentes liberales advirtieron sobre la peligrosidad de la norma, que representaría una violación a las libertades individuales.
El periodista José Benegas criticó que las personas no puedan comerciar en vida el destino de sus órganos y que la donación mediante el Estado sea la única alternativa. “El único pecado que queda es el propio beneficio”, ironizó Benegas.
Capaz que ahora sacan una ley para disponer de los órganos de los enfermos terminales. Porque la idea es tener más órganos. Eso sí, hay que prohibir el comercio de órganos, porque el único pecado que queda es el propio beneficio.
— Jose Benegas (@josebenegas) July 5, 2018
El escritor y jurista Ricardo Manuel Rojas se refirió al proyecto como “inconveniente” y manifestó que la problemática respecto al faltante de órganos se relaciona con la intervención y la imposición del monopolio estatal:
Disponer que el Estado pueda tomar los órganos de los muertos, para paliar la escasez de órganos para transplantes, es tan inconveniente como disponer precios máximos para combatir la inflación. En ambos casos, el monopolio estatal y la imposición generan desabastecimiento.
— ricardo manuel rojas (@rmrojas58) July 5, 2018
Alejandro Bongiovanni, director de Políticas Públicas de la Fundación Libertad, también hizo referencia a la poca información de gran parte de la población respecto de la necesidad de manifestar su voluntad, aunque él se encuentra registrado en la lista de donantes voluntarios. Para Bongiovanni el problema de la escasez se soluciona con un mercado y el Estado debería permitir la posibilidad de que las personas dispongan libremente sobre su cuerpo. “Dejen que se firmen contratos a término”, manifestó.
Lo de los órganos es un problema de escasez ¿Cómo se combate un problema de escasez? Con un mercado. Dejen que la gente pueda vender un riñón. Dejen que se firmen contratos a término por un corazón. Y, sobre todo, dejen que cada uno pueda disponer a quién beneficia con su órgano.
— Alejandro Bongiovanni (@alejobongio) July 5, 2018