Hasta el momento no había ninguna idea de como podía resultar la votación en el senado, cuando el 8 de agosto se vote el proyecto que cuenta con media sanción sobre la despenalización del aborto. En Diputados, luego de una maratónica sesión de casi 24 horas, el resultado recién se supo cuando apareció en la pantalla. Las negociaciones duraron hasta último momento y un grupo de legisladores de La Pampa volcaron la balanza para el “sí”.
En las últimas horas el panorama cambió bastante. Un sondeo confirmó que al día de hoy ya los senadores habrían manifestado su intención de voto. Hasta el viernes al mediodía el resultado sería de 31 votos en contra y 28 a favor. Con este resultado, el proyecto de diputados cae y aquí no pasó nada.
Ante esta posibilidad, tres senadores de Córdoba (Carlos Caseiro, peronista; Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, macristas) presentaron un nuevo proyecto alternativo más “moderado”. La intención es clara. Ante el posible fracaso del proyecto que fue aprobado en diputados el mes pasado, estos legisladores prefieren presentar uno nuevo y someterlo a la votación de las dos cámaras.
Las diferencias entre los proyectos
El texto aprobado en la Cámara de Diputados (con tan sólo cuatro votos de diferencia) ponía un tope para la práctica del aborto en la semana catorce del embarazo. El nuevo texto alternativo reduce dos semanas el máximo, proponiendo la práctica hasta la semana número doce.
Otra diferencia importante es la posibilidad de la objeción de conciencia a nivel “institucional”. El proyecto que cuenta con media sanción permitía a los especialistas registrarse en una lista oficial y manifestar su negación a realizar abortos. Sin embargo, la ley en tratamiento no ofrecía las mismas posibilidades para los hospitales, las clínicas y las obras sociales. Las instituciones debían poner a disposición médicos dispuestos a realizar abortos de manera obligatoria. Varias clínicas y hospitales protestaron y aseguraron que no pensaban cumplir con la ley. El nuevo proyecto permite que los “centros de salud privados” puedan incorporarse como objetores de conciencia sin penalidades.
“Las instituciones de salud privadas podrán formular su objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, para lo cual deberán previamente informar al Ministerio de Salud de la Nación tal circunstancia a los efectos de que quede registrada tal decisión y en consecuencia queden exentas de la aplicación de las sanciones contenidas en la presente ley”.
Aunque el proyecto aprobado en diputados permite la posibilidad a los médicos de ingresar en la lista de objetores, es confuso en relación al comportamiento de un doctor ante la necesidad de derivación o, si por una circunstancia, alguien no registrado se niega a realizar un aborto. De aprobarse el texto con media sanción, la ley amenaza con “tres meses a un año de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación” para todo médico que “dilate” u “obstaculice” la práctica del aborto. Esta cuestión también queda eliminada en el nuevo texto.
Finalmente, la propuesta legislativa que entró en el senado contempla la producción y distribución estatal de la droga Misoprostol, utilizada para realizar abortos en las primeras semanas de gestación.