Parece sacado de un libro de historia o de una ficción acerca de un futuro distópico, pero no. Son las noticias de hoy en México. La Corte Suprema de Justicia de ese país acaba de dictaminar que la pornografía es lisa y llanamente un delito. A partir de este momento queda prohibida su producción, distribución y comercialización y las penas pueden alcanzar hasta los quince años de cárcel.
En el marco de la denominada “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas”, la primera sala de la Corte convalidó el artículo décimo de la normativa en una inédita resolución.
Las penas alcanzan a quien “se beneficie económicamente mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes y objetos” de contenido sexual.
En el marco del debate sobre esta ridícula prohibición, estuvo presente el drama de la pornografía infantil. El año pasado la Fiscalía Federal mexicana detectó más de 12.300 sitios de material sexual con niños de entre 11 y 15 años. Pero la gravedad de estos números es tan grande como la ridiculez de esta ley. ¿Si la pornografía sexual infantil ya está penada, cuál es sentido de la prohibición de la pornografía en general? Mezclar la pornografía en el marco del consentimiento de adultos responsables con el aberrante delito del abuso infantil sería como equiparar las relaciones sexuales a las violaciones.
El error de prohibir la prostitución que se repite en otro ámbito
Como ocurre de igual forma en la prohibición del comercio sexual, esta clase de normativas no sólo no cumple con sus objetivos, sino que empeoran la situación. En muchos países de América Latina se combate fuertemente la prostitución con la excusa de la trata y la explotación sexual de personas. Pero lo único que estas leyes logran es arrojar al mundo de la informalidad a un comercio que sigue brindando oferta y demanda. A partir de este momento, la producción y distribución de la pornografía mexicana será parte de la ilegalidad y, sin dudas, las chances de que existan situaciones de abuso se potenciarán. Donde también se verán resultados contraproducentes será en las fuerzas de seguridad, que estarán sujetas a todo tipo de sobornos para hacer la “vista gorda” ante estas actividades, ahora consideradas ilegales.