La figura del “arrepentido” (imputado/colaborador) fue uno de los aciertos impulsados por la gestión actual de Mauricio Macri. Esta norma genera incentivos importantes para lograr una reducción importante de una condena, si se presentan pruebas fehacientes que permitan a la justicia llegar a eslabones más altos en los casos de corrupción. El escándalo de los “cuadernos de la corrupción” demostró la utilidad de la ley promulgada el 2 de noviembre de 2016.
Como los imputados desconocen los datos que pueden presentar los otros “arrepentidos”, en pocos días hubo una catarata de declaraciones de personas interesadas en cambiar datos por beneficios. Si una persona decide acogerse a la figura y presenta datos que la justicia ya tiene, su “material” no sirve. Por eso no hay tiempo que perder. Para el fiscal Carlos Stornelli, el desarrollo de la causa es totalmente inusual: “Nunca tuve una cantidad tan grande de arrepentidos. Todos los días aparecen cosas nuevas”. Y el camino se acerca a la sospechada de liderar la asociación ilícita: la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
Allanamientos en el edificio de Cristina
Poco tiempo después que la expresidente presentara un escrito para recusar al juez federal Claudio Bonadio, éste ordenó allanar el edificio donde Kirchner vive en Buenos Aires. Como no puede ingresar a su unidad por sus fueros de parlamentaria (actualmente es senadora), el magistrado ordenó el ingreso a otros departamentos que figuran a nombre de Osvaldo de Sousa. El “propietario” es hermano de Fabián, mano derecha del empresario de medios kirchnerista Cristóbal López, sospechado de testaferro. Tanto Fabián de Sousa como López ya se encuentran detenidos. Para Bonadio hay relación directa entre la expresidente con los otros imputados, motivo por el cual se realizó el allanamiento donde se escanearon todos los documentos encontrados en las propiedades.
Luego de los empresarios, comenzaron a “arrepentirse” los funcionarios
Hasta ahora, la lista de arrepentidos estaba formada de empresarios vinculados a la obra pública, que ante el temor de ser mencionados en los cuadernos, se presentaron espontáneamente. Ayer la lista se amplió al sector que más complica a Cristina: los funcionarios. Claudio Uberti, extitular del área de Concesiones Viales, se entregó ayer y pidió acogerse como imputado colaborador. El exfuncionario fue uno de los señalados por quien fuera embajador en Venezuela entre 2002 y 2005, Eduardo Sadous. El diplomático, que había sido designado por Eduardo Duhalde y fue removido por Néstor Kirchner, había denunciado la existencia de una “embajada paralela” dedicada a la corrupción entre el chavismo y el Gobierno argentino de entonces. “Cuando leyó el cable que envié desde Caracas, me dijeron que los gritos de Néstor Kirchner se escuchaban desde afuera de la quinta de Olivos”, comentó ayer Sadous en una entrevista televisiva.
La encuesta que puede llevar a Cristina a prisión
Bonadio ya pidió el desafuero de la exmandataria, pero los votos para habilitar la iniciativa los tiene el peronismo. Hasta ahora, el bloque Justicialista del senado dijo que sólo votará por la afirmativa ante una condena judicial firme. Sin embargo, hay dos factores que pueden apresurar los tiempos. Por un lado están las elecciones presidenciales del año próximo y la “desaparición” de Cristina Kirchner del mapa electoral beneficia al peronismo en vista a la unidad. Pero también hay otra cosa que pueden estar analizando los senadores peronistas por estas horas: una encuesta de opinión pública reveló que el 60% consultado por Managment &Fit opina que hay que quitarle la inmunidad a la expresidente para que sea detenida. Un 36% sigue defendiendo a Kirchner y el resto está indeciso. El 60% de rechazo y el 36% huérfano, sin Cristina como candidata y con perfil antimacrista, es un escenario apetecible para que el PJ le deje servida a Cristina al juez Bonadio para meterla en prisión.