“Se robaron un PIB”, decía el dicho popular. Por varios años, incluso desde antes que Cristina Fernández de Kirchner dejara el Gobierno, muchas estimaciones indicaban que el saqueo de la corrupción que tuvo lugar en Argentina entre 2003 y 2015 fue aproximadamente de un Producto Bruto Interno. Varios periodistas y analistas dicen que, incluso, fue mucho más. De a poco, y destapando la olla en cada sector, un país le va poniendo los números al experimento populista de la última década.
Los subsidios a los trenes
La política de transporte del kirchnerismo se basó en tarifas bajas artificiales, subsidiadas por el Estado. Al fin de cuenta, todos pagábamos igual, ya que el déficit fiscal se cubría con emisión monetaria, lo que significaba inflación y precios más altos en todos los productos. Pero cuando llegaba el pago de los servicios, o el momento de subir a un tren, los precios eran irrisorios. Claro, si una persona compraba un sandwich en el andén, lo pagaba más caro que en Europa o Estados Unidos. Pero el microclima de subsidios tenía una finalidad muy concreta: la corrupción.
El constructor Aldo Roggio, propietario de la empresa Metrovías, confesó que daba un “reintegro” fijo de los subsidios que recibía a la Secretaría de Transporte. Esto ya permite ponerle un número concreto a la corrupción, aunque sea en este espacio concreto. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, su empresa recibió permanentemente subsidios del Estado para fijar las tarifas. El diario La Nación hizo el cálculo de los dineros públicos que recibió su empresa y el soborno, en este caso, fue de casi USD $50 millones. Calculando el mismo procedimiento con el resto de las empresas ferroviarias, el Kirchnerismo, solo en subsidios al transporte, se habría hecho de USD $344 millones.
Ferrovías y los decretos pagos
Gabriel Romero, otro empresario arrepentido, que explota el ramal Belgrano Norte con la empresa Ferrovías, reconoció el modus operandi del Gobierno, pero incluso fue más lejos: le dijo al juez que pagó USD $600.000 para conseguir la firma de Cristina Kirchner para un decreto de una obra pública para su grupo. El cálculo de los reintegros que reconoció Roggio, aplicado a la empresa de Romero, arroja un número de usd $51 millones.
Bolsones y conventos
Claudio Uberti, primer funcionario arrepentido, reconoció que “cobraba” las coimas para el matrimonio presidencial y que algunas operaciones alcanzaban hasta los USD $10 millones. Esta semana el exfuncionario de vialidad puede aportar nuevos datos en el caso de los cuadernos. Tras el feriado del lunes, toda la atención estará puesta en los tribunales de Comodoro Py. Uberti y José López podrían complicar aún más a Cristina esta semana. Si bien no trascendieron detalles de la declaración de López, no se descarta que haya declarado que los USD $9 millones de dólares en el convento eran de la expresidente.
Los otros números
Las empresas vinculadas a los casos de corrupción durante el kirchnerismo han sufrido duras pérdidas tras la explosión pública del escándalo de los cuadernos. Hoy, varias grandes empresas ya valen USD $8.800 millones menos. El monto contempla a 22 grupos como el Banco Macro, el Grupo Financiero Supervielle o la Transportadora de Gas del Norte. El caso de Macro es uno de los más notorios. La caída de la entidad bancaria fue de USD $1.500 millones. Este banco apareció mencionado en la investigación de la imprenta Ciccone, escándalo de corrupción que puso tras las rejas a Amado Boudou, exvicepresidente de Cristina Kirchner.