El Gobierno argentino y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consolidan herramientas para una de las pocas políticas públicas que han marcado un antes y un después desde el comienzo de la administración de Cambiemos: el respaldo a las fuerzas de seguridad que deban enfrentar a los delincuentes en hechos delictivos.
Aunque lo que se esperaba de la administración macrista era un cambio de rumbo y un ordenamiento ortodoxo en lo económico, lo cierto es que Argentina casi no ha avanzado en ese ámbito. La corrección del déficit fiscal se ha planteado desde el castigo al sector privado, con pequeños retoques en el sector público, que casi no ha sufrido ningún ajuste. Argentina sigue siendo una economía cerrada, con inflación, mega regulada y con altísimos impuestos.
Sin embargo, de llegar sin sobresaltos al final del mandato el año que viene, la gestión Macri-Bullrich podría haber contribuido a reducir la impunidad con la que se manejaron los delincuentes hasta el momento en Argentina. Tanto las fuerzas de seguridad como los violentos sabían que de haber un enfrentamiento armado, el delincuente no lidiaría necesariamente una larga condena segura. Pero para el oficial los castigos eran mucho más concretos: las acusaciones de “gatillo fácil” y todo el peso de la ley caerían probablemente en su contra. Los incentivos de estas políticas arrojan consecuencias nefastas en materia de seguridad.
Si bien el Gobierno repitió hasta el hartazgo que era necesario un “cambio de doctrina” en este sentido, hoy se presentó en el Boletín Oficial una resolución que brinda un marco normativo diferente y que les brinda más potestades a los oficiales, a la hora de enfrentarse con delincuentes.
La resolución 956/2018, en sintonía con las normativas de países como Chile, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, le permite a los agentes federales abrir fuego en los siguientes casos:
- En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves
- Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
- Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
- Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.
“Los policías deben esperar que les disparen”
El Jefe de Gabinete de Seguridad, Gerardo Milman, defendió las modificaciones, y aunque reconoció que el problema de la seguridad “no se resuelve de la noche a la mañana”, considera que han habido mejoras sustanciales. “Sucede que tenemos situaciones en que los agentes de seguridad tienen que esperar a que les disparen para devolver el ataque. Eso resulta ridículo”, manifestó el funcionario.