La promesa de campaña de 2015 de no hacer grandes recortes y ajustes por parte de Mauricio Macri y Cambiemos no llegó a buen puerto. La exagerada confianza en un crecimiento basado en la figura del nuevo presidente llevó al oficialismo a la fallida estrategia del gradualismo que voló por los aires y que dejó a la Argentina una vez más en los brazos de Fondo Monetario Internacional. El déficit fiscal y el delirante gasto público que dejó el kirchnerismo requería cirugía mayor.
Hoy, a tres años de aquel sendero equivocado, Argentina todavía tiene que pasar por esa cirugía, pero con algunas complicaciones más: pagar la cuenta de un endeudamiento excesivo, producto de no haber hecho las cosas en su momento.
El sentido común indica que Macri, pensando en un eventual segundo mandato, ya tiene en mente que es necesario un verdadero cambio de rumbo. A meses de las elecciones presidenciales es muy difícil esperar sorpresas que puedan complicar el desempeño en los comicios, pero si Cambiemos tiene una segunda oportunidad debería saber que hay cambio o colapso. El FMI adelantó recursos y a partir de 2020 y 2021, si no se hace absolutamente nada, existe un panorama de posible default.
Por donde se mire el colador estatal argentino, hay despilfarro en todos lados. En muy pocos lugares hubo correcciones módicas, en la mayoría sigue todo igual, pero en otros ámbitos el mal uso de los recursos públicos supera a la experiencia kirchnerista. Un ejemplo de esto es el subsidio a las producciones audiovisuales que se realizan en el país, que en 2018 destinó más recursos de lo que hizo la ex mandataria.
Argentina tiene el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y además una “Ley de Cine” que indica cómo el organismo debe destinar los dineros de los contribuyentes. La absurda ley, que debería ser liquidada junto al Instituto (salvo que encuentre financiación privada y voluntaria), indica que el 50% de los recursos deberá ir a la producción audiovisual. El año pasado se superó el monto “obligatorio” y el INCA ejecutó más de mil millones de pesos en diversas producciones. La cifra es superior a lo destinado durante los dos gobiernos de Cristina Fernández.
Si bien estos mil millones de pesos (que al día de hoy representan 27 millones de dólares, pero que al inicio del año pasado, antes de las últimas devaluaciones era el equivalente a casi el doble) no alcanzan para sanear el rojo, por algo se tiene que empezar. Entre Cambiemos y el kirchnerismo hay una especie de discurso único que reza que el frágil tejido social y las personas en situación de vulnerabilidad no pueden enfrentar recortes del gasto público. Pero ¿en que le afecta a los más necesitados que pueden recibir un plan social si se eliminan INCA y los subsidios al cine? Cabe destacar que, además de las producciones más independientes (que tampoco tendrían que ser subsidiadas) el Estado argentino destinó recursos para superproducciones que fueron vistas por más de un millón de personas el año pasado. Sin duda que estos negocios encontrarían fácilmente financiación privada, pero sin embargo el Estado continúa destinando recursos allí para no pelearse ni discutir con los artistas.
Paradójicamente, si pensamos en los más necesitados, estos gastos que contribuyen al déficit fiscal, verdadera causa de la inflación y de las devaluaciones que sufre el peso, no hacen otra cosa que convertir en un gasto prohibitivo una entrada al cine para los más pobres.
Existen demasiadas opciones como para comenzar a reducir el gasto público en Argentina y este caso es solamente un ejemplo. Pero claro, por donde se empiece habrá pérdida de privilegios y personas enojadas. Es por eso que en lugar de buscar reformas parciales y sectoriales, sería mucho más productivo evaluar una estrategia general de recorte del déficit en todas las áreas. Si el Gobierno lo explica bien ante la opinión pública recibirá el apoyo para las reformas. Si Macri considera que puede seguir como hasta ahora, de conseguir la reelecicón, es probable que ni siquiera termine su segundo mandato.