Era algo que podía pasar en cualquier momento. El Gobierno, mediante la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitó que el sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner sea rebocado y se reabra la causa y la investigación. La figura de la “cosa juzgada írrita” es la herramienta para argumentar que si bien ya hay un fallo judicial, el hecho que probablemente haya sido fraudulento, es suficiente motivo como para dejarlo sin efecto.
“Han tomado intervención los organismos correspondientes. Después de un profundo análisis de las declaraciones juradas, la Oficina Anticorrupción me pidió que impusiese una pericia contable. Esa pericia la llevó adelante el decano del cuerpo de peritos contables de la Corte. También intervino Manzanares, en representación de los Kirchner. El enriquecimiento resulta justificado”. Con estas palabras el exjuez Norberto Oyarbide justificó en diciembre de 2009 lo injustificable: que el descomunal enriquecimiento de Néstor y Cristina Kirchner era absolutamente legal y lícito.
Manzanares, el hombre que mencionó Oyarbide en esa oportunidad, y que intervino en nombre de los Kirchner en la causa era el contador de Néstor y Cristina. El mencionado acompañó a la expresidente hasta el final de su mandato. Hoy está preso por desviar fondos y burlar los embargos dispuestos por la justicia contra CFK y sus hijos. Pero además de esa causa, Manzanares apareció mencionado en el escándalo de los cuadernos y decidió “colaborar”. El excontador de los Kirchner pidió ser aceptado bajo la figura de “arrepentido” y declaró a la justicia que el sobreseimiento estuvo arreglado: el mismo Oyarbide habría digitado la investigación, asesorando a la defensa de cómo se debía presentar la documentación. Apenas terminó el gobierno de Cristina, Oyarbide presentó su renuncia ante Mauricio Macri y abandonó su puesto en la justicia. Meses después brindó una entrevista donde dijo que sufrió presiones y que temía por su vida.
La UIF solicita ahora que el sobreseimiento quede sin efecto por “las graves deficiencias de la pericia contable ordenada por el entonces juez Norberto Oyarbide”.
“Los reconocidos vínculos que el ex juez habría mantenido con el matrimonio Kirchner durante buena parte del ejercicio de su función, habiendo intervenido en causas de extrema sensibilidad política que los involucraban, culminando casi todas ellas en sobreseimientos o trámites amañados”, argumenta la Unidad de Información Financiera.
El 26 de febrero comenzará el primer juicio oral contra la expresidente, luego de que la defensa fallara en su intento de dilatar el inicio del proceso. Es por la causa que investiga irregularidades en la obra pública y las contrataciones a Lázaro Báez, sospechado de ser testaferro del fallecido Néstor Kirchner.