Argentina tiene serios problemas. Muchos analistas consideran que los mismos no se podrán resolver con un próximo gobierno de minoría como el actual, lo encabece quien sea. Incluso el economista “ortodoxo” Ricardo López Murphy considera que la única posibilidad para aprobar las reformas que se necesitan para terminar con la crisis económica solamente pueden darse en un amplio gobierno de unidad nacional. En su opinión, es tan seria la agenda de lo que se viene, que hace falta un acuerdo general entre macristas, radicales y peronistas no kirchneristas.
Pero parece que Cambiemos está en otra sintonía y las preocupaciones son un tanto más humildes. El Gobierno está más preocupado en dar una batalla retórica alrededor de la polémica ley de “Extinción de dominio” que en generar cambios reales. Mientras el presidente debería estar pensando en reformas que garanticen mejoras en la difícil situación de los argentinos, agobiados por los impuestos, la inflación y con un sector privado cada vez más complicado, Macri vuelve a caer en el error de hacer lo que le indican sus principales asesores, que lo terminan convenciendo de hacer estas cosas.
“Necesitamos recuperar lo robado”, “la corrupción y el narcotráfico van a tener que devolver hasta el último centavo”, “el dinero se va a utilizar para hacer cloacas y escuelas”. La retórica es atractiva y es lo más importante. El mismo Mauricio Macri es el vocero principal de una causa que entusiasma a sus colaboradores y allegados que repiten como loros las virtudes de un proyecto de dudosa constitucionalidad. La denominada “ley de extinción de dominio“, que amenazó salir por decreto, que pasó al Congreso y que no tendrá los votos para ser aprobada, invierte la carga de la prueba. Los acusados por delitos de corrupción deberán justificar de donde salieron los bienes o los perderán, a diferencia de una causa penal tradicional, donde lo que se busca es comprobar la culpabilidad y no la inocencia. Todas las vertientes peronistas ya aclararon que no lo votarán.
Pero más allá de las buenas intenciones del proyecto y su peligroso potencial en manos de un proceso autoritario como el kirchnerismo, lo cierto es que a Cambiemos le importa muy poco si se trata o si se aprueba. Lo importante es señalar a la oposición, a la que busca mostrar como el espacio cómplice de la corrupción.
Pero este vicio no es exclusivamente del macrismo. En medio de la suba de las tarifas de servicios públicos, toda la oposición se reunió en el parlamento para aprobar el “congelamiento” de los precios. Ante la delicada situación fiscal, era evidente que la ley sería vetada por el Poder Ejecutivo. No les importó. Utilizaron los debates parlamentarios para buscar aprobar algo que no tenía chances, solamente para hacerle pagar a Macri el costo político del veto.
Pero esta actitud berreta, que no es exclusiva del oficialismo y de la oposición de la actualidad, ya estaba vigente cuando los que hoy están de la vereda de enfrente de Macri gobernaban y cuando Cambiemos, que ni era Cambiemos todavía, era la oposición. En aquella oportunidad, el antikirchnerismo se dedicó a discutir una ley para obtener el 82% móvil para los jubilados, aunque la misma Cristina Fernández dijo que lo vetaría. Hicieron el circo, se aprobó, hubo veto y nada cambió.
Lamentablemente la política argentina en todas sus expresiones sigue cayendo en estas actitudes estériles que nada colaboran en solucionar los problemas de fondo. La sociedad debería advertir esta pobre actitud y demandar otras cosas.