El presidente argentino, Mauricio Macri, debe tener sentimientos encontrados con algunas noticias que ocupan la tapa de los diarios esta semana. Desde los tribunales internacionales no dejan de llegar malas noticias para el fisco nacional, que constantemente tiene que desembolsar fortunas en dólares, pero, por otro lado, el oficialismo logra mantener vigente en los medios el desastre económico que significó el kirchnerismo, que pretende volver de la mano de Alberto Fernández.
Luego de los fallos adversos en los litigios sobre las estatizaciones de Aerolíneas Argentinas e YPF, ahora se suma un nuevo dolor de cabeza para las cuentas del Estado Nacional, que no da pie con bola para reducir el déficit. La exAFJP Orígenes, perteneciente a los grupos ING, NNH y NNI Insurance International, reclamó ante el Ciadi 500 millones de dólares por la estatización que tuvo lugar en 2008, al principio del primer mandato de Cristina Fernández.
La semana pasada, el mismo organismo dictaminó que Argentina deberá desembolsar 320 millones de dólares al grupo español Marsans por la nacionalización de la aerolínea, ahora estatal. El fallo por YPF, que está por quedar en firme en cualquier momento en los Estados Unidos, sin dudas será el más complicado para las cuentas públicas. La cifra será multimillonaria, todo un dolor de cabeza para el próximo gobierno.
También por estos días, el expediente de Metropolitan Life, que recurrió al Ciadi por una estatización similar, logró destrabarse en el organismo y tarde o temprano será otra cuenta pendiente que deberá pagar el Estado argentino.
Una historia donde, como siempre, perdieron los jubilados
En medio de las reformas “a medias” de la década del noventa, el Gobierno de Carlos Menem (que se sacó de encima telefónica, petrolera, aerolínea, energéticas y medios públicos) decidió una tímida reforma previsional. No liquidó el ente gubernamental, pero se abrió una pseudocompetencia con algunos ofertantes privados. Desde entonces, los argentinos pudieron elegir “la del Estado”, como se denominaba por entonces, o una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Como con varias privatizaciones, aunque mejoraron considerablemente los servicios, se trató de un cambio de monopolio público a uno privado. Las AFJP no fueron exactamente un ejemplo virtuoso de economía de mercado. Las empresas que querían entrar al juego debían comprar bonos del Estado y otras cuestiones algo turbias que dejaron en evidencia un capitalismo de amigos más que un esquema liberal.
Aunque el aporte jubilatorio siguió siendo coercitivo (había que elegir entre un modelo u otro), los argentinos que se decidieron por las AFJP, al menos podrían seguir una cuenta de capitalización individual. Pero cuando llegó el manotazo kirchnerista, que literalmente robó los fondos para la estatización total, aquellas cuentas privadas desaparecieron. Por esos días las AFJP veían que Argentina ya no era el negocio que prometía la década del noventa y prácticamente abandonaron a su suerte a los clientes que confiaron en ellos. Las postales de la oposición a la nacionalización eran de futuros jubilados, que no querían que el Estado se robara sus aportes, y empleados de las AFJP que temían por sus empleos.
El final es conocido. Cristina Kirchner y Amado Boudou se hicieron de los fondos privados y todo pasó a ser parte de la piñata estatal. De ese dinero ya no queda nada y lo único que tienen los jubilados, todos, es una obligación del Estado que paga como puede. Muchas veces imprimiendo papelitos de colores.