Una de las páginas históricas de la demagogia kirchnerista, la nacionalización de YPF, está por convertirse en un serio dolor de cabeza para la administración macrista. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un recurso presentado por los abogados argentinos y el litigio continuará en ese país, como era previsible. Se especula que el número final que podría tener que desembolsar el Estado argentino, apaleado por un déficit fiscal importante, podría superar los 3 mil millones de dólares.
Autoridades del Gobierno Nacional y de YPF, como Bernardo Saravia Frías y Fabián Rodríguez Simón, director de la empresa estatizada en 2012, hicieron un intento infructuoso para cambiar el lugar del juicio. Los hombres del macrismo que viajaron a Estados Unidos se abanderaron en los argumentos kirchneristas para tratar de justificar la nacionalización realizada bajo el mandato de Cristina Fernández: que hubo una ley aprobada en el Congreso, que el Estado argentino tenía entre sus facultades la estatización y todos los argumentos clásicos. Pero el máximo tribunal norteamericano fue contundente: YPF cotiza en Wall Street y si el Gobierno argentino quería la empresa debía realizar una “oferta pública de adquisición”.
Ahora la causa vuelve a los tribunales del Distrito Sur de Manhattan a cargo de la jueza Loretta Preska. Los antecedentes no son los mejores para los abogados argentinos: cuando le tocó fallar en casos similares se apegó al reglamento y nunca hizo lugar a ninguno de los argumentos similares presentados por los defensores locales.
Repercusión en el Riesgo País
Desde las nominaciones de Alberto Fernández como candidato a presidente de Cristina Kirchner y de Miguel Ángel Pichetto como compañero de Macri que el Riesgo País venía en leve retroceso. Sin embargo, hoy la posición de la Corte Suprema de Estados Unidos con respecto a YPF hizo que cambiara la tendencia y el índice se incrementó cuatro puntos básicos. Luego del alza, relacionada con el temor a la toma de activos argentinos, el índice quedó en 855.
El fallo podría demorar hasta dos años
Los abogados locales, que mantienen un doble frente en Estados Unidos y España, creen que el litigio no tendría resultado inmediato y se podría llegar a demorar hasta 2021. De ganar las firmas demandantes, la cuenta caería directamente sobre el Estado Nacional argentino y no sobre la compañía estatizada.
“No tenemos las de ganar, pero sí chances y buenos argumentos. Estuvimos dos años discutiendo la jurisdicción, con un corset sobre el tema. Ahora serán temas técnicos y también políticos, pero no como hizo la administración anterior que solo argumentó política”, dijeron a la prensa los abogados argentinos luego del fallo de hoy.