“Algún día Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Las palabras pertenecen a Alberto Fernández y fueron emitidas poco antes de ser designado como candidato a presidente por Cristina Kirchner. Por esos días no tan lejanos, el exjefe de gabinete señaló que existió una persecusión política contra la exmandataria y varios funcionarios de su Gobierno, orquestada por la gestión de Mauricio Macri.
Pasaron nada más que tres meses, pero para la política argentina puede ser una eternidad. Cristina se bajó a vice y postuló a Alberto, que confrontó duramente con el actual presidente en la campaña para las primarias. Pero la victoria fue aplastante y el mismo Fernández tuvo que bajar los decibles contra el oficialismo ante el colapso de la economía, tras el resultado electoral. Hoy hablan casi todos los días por teléfono para frenar la crisis cambiaria y ponerle un techo al dólar. Los temas judiciales desaparecieron de la boca de ambos, pero no de las noticias.
Hoy, el camarista Martín Irurzun, uno de los señalados por las supuestas “barrabasadas” judiciales, decidió anular dos procesamientos contra los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido y Ricardo Jaime, exministro de Planificación Federal y exsecretario de Transporte, respectivamente. Se trata de la causa por el soterramiento del tren Sarmiento.
Para Irurzum, en su fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, firmado junto a Leopoldo Bruglia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi presentó “escasez de medidas de prueba” y tuvo “falta de argumentos” válidos. En esta causa se investigan las coimas a los funcionarios kirchneristas en las obras adjudicadas a Odebrecht. Aunque se comprobaron los escándalos de corrupción de la firma brasilera en toda la región, en Argentina las causas parecen no llegar a buen puerto.
“No hubo un análisis con fundamento de la correlación o no sobre las distintas referencias, indicios y datos que se obtuvieron previamente en el sumario, su documentación adjunta y en otros procesos penales. Las particularidades y complejidad del asunto revelan que la reconstrucción de lo sucedido debía hacerse de esa forma, sea para afirmar o descartar el cohecho transnacional denunciado”, indican Irurzum y Bruglia.
Ahora, Martínez de Giorgi debe “profundizar” la investigación acerca de los pagos ilegales, pero las cuestiones políticas ya mancharon la causa. El Poder Judicial argentino no tiene fama de poseer una gran independencia del Ejecutivo de turno y las sospechas respecto a la influencia política sobre los fallos ya está una vez más sobre la mesa.