Deportar a los delincuentes no es xenofobia

Argentina tiene una tradición de apertura a la inmigración, valor fundamental de la Constitución liberal de Juan Bautista Alberdi

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Miguel Ángel Pichetto criticó duramente la nueva posición del Gobierno argentino. (Youtube)

En una de las medidas acertadas del Gobierno anterior se buscó generar un mecanismo para que los extranjeros que cometan delitos dentro del territorio argentino puedan ser deportados a sus países de origen. Lógicamente, en su momento la izquierda salió a cuestionar duramente la iniciativa y el kirchnerismo encontró una excusa ideal para denunciar a la supuesta «derecha» que representaba la gestión de Mauricio Macri.

El decreto del macrismo hizo que entre 2016 y 2019 tres mil personas fueran expulsadas de Argentina y enviadas a sus respectivos países de origen. Por estas horas, en búsqueda de diferenciarse del proceso político anterior, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner busca dejar sin efecto la normativa. ¿La justificación? Clásica… que se trata de un mecanismo xenófobo en contra de los inmigrantes.

Los referentes de Juntos por el Cambio, ya en modo de oposición, salieron a defender el mecanismo que implementaron hace unos años. La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que en caso de derogar el decreto en cuestión, Argentina viviría «un retroceso» y se daría una situación de mayor «rienda suelta al delito».

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto calificó de «imbecilidad» la medida y aseguró que a los extranjeros que delinquen «hay que expulsarlos. «Así lo hace cualquier país serio e inteligente. ¿Cometen delitos y los dejamos en el país? Es absurdo, primero están los argentinos», aseguró el excandidato a vicepresidente.

La cuestión de fondo es económica y de sentido común

Más allá del ambiguo y sí extraño argumento de «primero están los argentinos» de Pichetto, que sin dudas sí suena algo xenófobo, el análisis debe ir por otro lado. En Argentina el sistema carcelario está superpoblado, la justicia está repleta de expedientes y la posibilidad de deshacerse de elementos indeseables de la sociedad fuera de las fronteras de un país en caos debería ser una oportunidad. Que quede clara una cuestión: que los delincuentes sean elementos indeseables para la sociedad civilizada nada tiene que ver con que sean argentinos o extranjeros. La única diferencia es que, dado el esquema político de «países», al menos podemos sacarnos de encima (sí, sacarnos de encima) a un porcentual de delincuentes. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con los nacidos y criados acá, claro. Pero esto no es posible y con estos casos sí que tenemos que hacernos cargo de un sistema penal, judicial y carcelario para los delincuentes argentinos.

Argentina tiene una tradición sana de apertura a la inmigración, valor fundamental de la Constitución liberal de Juan Bautista Alberdi, que garantiza los derechos plenos para todos «los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino». Desde la ola inmigratoria de nuestros abuelos a esta nación potencia de principios del siglo pasado, a la llegada de los miles de venezolanos exiliados de la tiranía chavista, nuestro país ha sido ejemplo de apertura para gente de bien y trabajadora. Pero en nombre de ese mismo espíritu hay que cuidar a la gente honesta dentro del territorio (sin importar dónde hayan nacido), y para esto hay que implementar las medidas más inteligentes que el menú de posibilidades ofrezca.

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