No fueron 30 mil. ¡Venga a buscarme, presidente!

Alberto Fernández estudia avanzar en una peligrosa legislación supuestamente "antinegacionista", que se convertiría en una amenaza a la libertad de expresión.

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Para el kirchnerismo negar la cifra de los 30 mil desaparecidos es sinónimo de avalar el terrorismo de Estado. Además consideran que debería ser delito. (Twitter)

Si hay algo que me molesta es embanderarme bajo el lema de «no fueron 30 mil desaparecidos«. Esto es por varias razones. Primero, porque no tengo nada que ver con los que niegan, minimizan o directamente avalan las acciones del último gobierno militar. El grupo que lleva esta consigna como estandarte, afortunadamente minoritario, utiliza una verdad histórica como justificación para lo injustificable.

Pero también me revienta por el lugar en el que me pone la izquierda: el del rol de rebeldía e irreverencia (que me puede traer en problemas en cualquier momento) por, simplemente, describir un hecho histórico. Asuntos documentados del pasado reciente que de los que ni siquiera hace falta opinar, ya que la evidencia al respecto es apabullante.

Harto de escribir sobre el tema, hoy la política argentina me vuelve a obligar a expresarme al respecto. Aunque no tenga ganas estoy convencido de que el silencio es peor.

Acá voy… Señor presidente, no fueron 30 mil desaparecidos. Listo. Haga lo que se le ocurra. Proceda. Acá estoy. Tiene mis datos.

Esta afirmación, por lo que estaría evaluando el mandatario argentino por estas horas, podría convertirse en ilegal en cualquier momento. Si el Gobierno va a ir en esta dirección, que actúe ahora y listo. No vamos a andar perdiendo tiempo en formalidades.

Lamentablemente, para la mayoría ideologizada argentina, los hechos transcurridos en la década del setenta no son adecuados como para justificar su visión histórica. A los guerrilleros, que combatieron y asesinaron para instaurar una dictadura comunista en el país, hay que verlos como jóvenes idealistas. Otros proponen que a los militares, que los aniquilaron mediante la guerra sucia y el más crudo y cobarde terrorismo de Estado, los veamos como los salvadores de la patria. Todas patrañas. De los dos lados.

Aunque los militares ganaron la guerra (lo de guerra no es una apreciación ni definición mía, sino la expresión literal de ambos bandos del conflicto en su momento) los elementos residuales de la subversión y sus herederos se impusieron en la batalla cultural de la democracia. Por paliza… Una paliza comparable a la derrota armada que sufrieron hace cuatro décadas. También quisiera aclarar que cuando hago referencia a los «subversivos», no lo digo con relación a la supuesta intención de «subvertir» un orden relacionado con los militares del momento. Organizaciones como ERP y Montoneros querían subvertir el modelo de libertades individuales y propiedad privada garantizado en la Constitución para instaurar otro régimen que, de concretarse, seguramente hubiera dejado a los militares como bebés de pecho.

Los mismos guerrilleros reconocieron que, para instaurar el socialismo en Argentina, los enemigos de clase a aniquilar podían llegar a alcanzar las seis cifras. Luis Labraña, exmontonero que admitió haber inventado él la cifra de los 30 mil desaparecidos, reconoció que, de haber alcanzado sus objetivos militares, los fusilamientos que hubieran realizado habrían sido de dimensiones stalinistas.

Como dicen que la historia la escriben los que ganan, los que triunfaron en el ámbito cultural impusieron un dogma que casi no tuvo resistencia. El cuento oficial indica que un 24 de marzo de 1976, un grupo de militares trasnochados se hicieron del poder a espaldas del pueblo, con la finalidad de instaurar un modelo económico «neoliberal». Para esta versión, el plan no podía desarrollarse sin masacrar a las voces críticas. Es por eso que el proceso se cobró la vida de 30 mil jóvenes idealistas que lucharon por un país más justo y solidario.

No importa si la evidencia histórica dice que los jóvenes revolucionarios buscaban instaurar un modelo socialista por la fuerza, ni de que sus primeros atentados y secuestros fueron previos a Videla y tuvieron lugar en una democracia constitucional. Tampoco importa que el modelo económico aplicado haya sido una improvización heterodoxa, alejada de los principios básicos de un modelo liberal. El cuentito no se discute. Pero lo que no se cuestiona, bajo ningún punto de vista, es el número desaparecidos. Son 30 mil. Tienen que ser 30 mil. Aunque los registros oficiales durante el kirchnerismo confirmaron 6 348 desapariciones…son 30 mil. ¿Por qué? Porque sí.

Cuando se la confronta a Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) con la cifra real, la dirigente protesta por una supuesta «provocación» y una «persecución desagradable». Será que la realidad la provoca, la persigue y le resulta desagradable.

Lo que sí provoca y puede llegar a perseguir es lo que Alberto Fernández está considerando por estos momentos. Durante su viaje por Europa, una organización de argentinos en Francia se acercó a conversar con él para proponerle un marco legislativo semejante al que existe allí con respecto al negacionismo del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. El presidente argentino le pidió a sus colaboradores que «sigan de cerca el tema» ya que podría considerarlo.

Más allá de las diferencias abismales entre lo ocurrido en Europa con el nazismo y la violencia política de los setenta en Argentina, sigue abierta la pregunta de si es válido o no castigar a alguien por sus opiniones intolerantes. Como liberal y como judío, yo no quiero saber nada con estas legislaciones, ya que considero que hasta pueden ser contraproducentes.

Pero en Argentina, con el kirchnerismo formando parte de la coalición gobernante, cualquier normativa semejante tendrá explícitas finalidades políticas que buscarán contribuir al pensamiento único, violando la libertad de expresión. Cabe destacar que no hace mucho, la legislatura de Buenos Aires aprobó la obligatoriedad de hacer referencia a los «30 mil desaparecidos» en todos los documentos públicos oficiales que hagan referencia a la década de los setenta. Guillermo Castello fue el único legislador que votó en contra de esta atrocidad que fue apoyada por el macrismo.

Conociendo al peronismo y a Fernández (si fuese por el kirchnerismo esto se aprueba mañana) es posible que sea una nueva bomba de humo para entretener a la opinión pública. Pero antecedentes como el de Darío Lopérfido, que fue expulsado de la gestión pública (otra vez, por el macrismo, ni siquiera por los K) por discutir el dogma de los 30 mil o el de Gómez Centurión, que tuvo problemas con la justicia por expresiones similares, nos obligan a estar muy atentos.

En la Argentina de hoy, donde un organismo estatal como el INADI está persiguiendo a un periodista por manifestar que un transexual es un hombre biológicamente hablando, la libertad de expresión y el sentido común son causas morales, necesarias y, lamentablemente, casi revolucionarias.

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