La pandemia de la corrupción argentina

Un nuevo escándalo sacude al país: las compras con sobreprecios de alimentos para la emergencia sanitaria. ¿Puede tomarnos por sorpresa todo esto?

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Daniel Arroyo y el ministerio de Desarrollo Social en el ojo de la tormenta. Fueron despedidos varios funcionarios pero el ministro sigue en su cargo. (Twitter)

Argentina por estas horas se encuentra escandalizada por el último hecho de corrupción que sacude al país. La compra de alimentos con sobreprecios, que el ministerio de Desarrollo Social adquirió en el marco de la emergencia de la pandemia del coronavirus (COVID-19), tiene a los comunicadores absolutamente indignados.

No importa la perspectiva política del medio o la ideología de cada periodista. Todos están absolutamente horrorizados con el tema en cuestión. Nadie parece entender como puede haber un hecho de corrupción cuando se trata de una emergencia sanitaria de alto impacto económico y alimenticio, parece haber un acuerdo que, en esta circunstancia puntual, se ha cruzado un límite.

Pero lo cierto es que si miramos los incentivos de este sistema centralizado, lo único que debería llamarnos la atención es la impunidad con la que estas cosas ocurren. Que el Estado argentino desde el ámbito nacional, por medio de un ministerio, compre alimentos para repartir a «organizaciones sociales» en todo el país, es caldo de cultivo para la corrupción. Sí podemos acordar que las compras se hayan realizado con precios muy por encima de los comercios minoristas resulta demasiado escandaloso. Pero solamente sería la magnitud del problema. El hecho delictivo es previsible y casi lógico en estas circunstancias.

Aunque el ministro Daniel Arroyo despidió a varios de sus funcionarios y anuló algunas de las compras que todavía no se habían realizado, si no se cambia la perspectiva para abordar estos problemas todo se volverá a repetir. Si el análisis se limita a los «funcionarios corruptos», los que pasan a ser removidos y reemplazados, pero se mantiene la estructura que genera estos incentivos, la escena se repetirá una y otra vez.

¿Cuál es la lógica que en la emergencia (en realidad en cualquier circunstancia) el Estado Nacional cobre impuestos, o imprima billetes, para comprar alimentos que después repartirá de la peor manera? ¿No sería mucho más eficiente, por ejemplo, que en lugar de seguir castigando impositivamente a las empresas en esta circunstancia, se cree un sistema de asignación de recursos, donde una compañía, en lugar de pagar tributos excesivos, pueda comprar el alimento para un comedor social? Es inadmisible que nada de esto se discuta en el marco de una emergencia como la que nos toca vivir.

El sector privado puede ayudar en una circunstancia así de manera mucho más eficiente que el Estado. Pero para eso las autoridades, en lugar de pretender vestirse de héroes, deberían aceptar las limitaciones y ofrecer las plataformas para una cooperación directa del sector privado. Puede ser voluntaria o no, eso se puede discutir. Lo que no admite debate alguno es que se pretenda seguir con este sistema de manos porosas, donde la corrupción es lo único que puede aflorar.

Resulta paradójico que perspectivas válidas como la descentralización se utilicen también de la peor manera. Buenos Aires ya escribió una página negra a la hora de crear comunas sin haber eliminado estructuras municipales, duplicando burocracia y funcionarios. Ahora, el presidente Alberto Fernández pretende delegar en los intendentes los controles de precios. Esta política que debería ser borrada de un plumazo, ahora pasará a ser aplicada por los cacíques locales y el resultado es tan predecible como con las compras mayoristas: desabastecimiento si se toma en serio o corrupción galopante.

Argentina debe discutir seriamente los incentivos de las políticas que implementa si no quiere repetir los mismos errores todo el tiempo.

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