La economía argentina está repleta de distorsiones y el día después de la cuarentena puede haber un colapso. Hasta ahora se mantienen los subsidios, precios mínimos, precios máximos, prohibiciones a los despidos y toda una serie de mecanismos que indican lo complicado del panorama en el mediano plazo. Para José Luis Espert esta situación merece una medida excepcional.
En una entrevista televisiva, el economista liberal y excandidato a presidente aseguró que el país debería “suspender” la legislación laboral hasta fin de año. Para Espert, una medida semejante podría contribuir a una recuperación más rápida en el marco de lo que podría ser una de las peores crisis que haya experimentado el país.
Pero cuando estas propuestas logran colarse en el debate, el tema del sindicalismo es lo primero que surge en la discusión. Por más poderosos que sean los sindicalistas, Espert asegura que el resultado del modelo ha sido un desastre y un fracaso para los trabajadores:
La clase trabajadora, los comerciantes, los industriales y la gente que da trabajo queda a merced de la mafia de los Moyano. ¿Para qué nos sirven los Moyano, los “Caballo” Suárez cuando tenemos trabajadores que cobran miserias cercanas a la pobreza?
Para Espert, la legislación laboral argentina, de la que los sindicalistas se enorgullecen, no hizo otra cosa que generar cinco millones de puestos de trabajo “en negro”. Es decir, en el sector informal.
En la opinión del autor de La Argentina devorada y La sociedad cómplice, Hugo Moyano, del sindicato de camioneros y uno de los preferidos de Alberto Fernández, debería estar preso. “Ni siquiera hay que investigar hechos de corrupción… debería estar preso solamente por los cortes de calles, pasos de camiones y piquetes en los centros de distribución que realizó”, afirmó.
“Una propuesta excelente, pero distante de la visión del Gobierno”
En diálogo con PanAm Post, Martín Simonetta, director de la Fundación Atlas 1853, defendió la propuesta de Espert, pero lamentó que no sea parte de las cosas que el oficialismo esté dispuesto a discutir. “Por esta legislación, en Argentina 4 de cada 10 empleados trabajan en la informalidad. El costo laboral, así como el costo de descontratar, son una invitación a evitar generar empleo. Peor aún en un contexto en el que la tecnología sustituye crecientemente a mano de obra menos sofisticada”, señaló Simonetta.
En relación con un posible cambio de rumbo, el director de Atlas 1853 consideró que Fernández se mantendrá en el camino de la alta intervención estatal en la economía. “Incluso de concretarse el default el 22 de mayo, el marco de acción sería más acotado aún y las regulaciones e intervenciones posiblemente sigan creciendo”, concluyó.