Cuando Alberto Fernández se decidió por la extensión de la cuarentena en Argentina, las críticas por la situación económica dramática de los ciudadanos más comprometidos no tardó en llegar. El Gobierno decidió otorgar un ingreso de emergencia de 10 mil pesos (al momento del plan equivalían a 100 dólares) que se le acreditaron a los autónomos sin facturación y a los desempleados.
En redes sociales muchas personas compartieron lo que hicieron con “los 10 mil pesos de Alberto”. Muchos mostraron un asado, cervezas y otras imágenes que generaron críticas diversas. Pero el caso que fue noticia nacional fue el de una salteña que usó el ingreso de emergencia para una inversión. Con ayuda de su abuelo, se dirigió a un mercado mayorista para hacer una compra y abrió una verdulería en la puerta de su casa. El emprendimiento ejemplar no tardó en ser viralizado.
Pero más allá de aplaudir la iniciativa, cabe abrir un debate pertinente. La joven de Salta, que esta mañana ya debe estar trabajando en su negocio más capitalizado y establecido, pudo poner en marcha su emprendimiento por el incumplimiento de las normativas vigentes. Si las autoridades gubernamentales hacen lo que deben, tendrían que presentarse en el domicilio de Paula para quitarle la mercadería y multarla. Resulta que la joven no está inscripta para la iniciativa comercial, no paga impuestos por sus ventas, ni tiene habilitación para la venta de alimentos. Claro que si los inspectores hacen lo que deberían, serían linchados del barrio por los vecinos. Y con razón, claro.
La necesidad de la cuarentena generó una serie de emprendimientos que proliferaron en todos los barrios. Un capitalismo de base que se puede ver en los grupos de Facebook de muchos barrios del país. Gente que cocina, que corta el pelo a domicilio, que distribuye mercadería que consigue al mayor o que realiza productos artesanales, se ponen de acuerdo con clientes que necesitan de sus servicios. Los agradecimientos mutuos, los sentidos comentarios en los foros y la satisfacción de ambas partes es tan grande, que dejan chiquitos a todos los ejemplos fríos y técnicos de los manuales de economía de mercado.
Si bien el debate de la Argentina que viene está centralizado en la tecnología, el home office y las nuevas herramientas de comunicación, estos fenómenos que proliferan deberían dejar otras conclusiones o al menos abrir nuevos debates.
La burocracia, la presión impositiva y las regulaciones hicieron del país un terreno imposible para el emprendimiento de base. Pero la falta de seguridad jurídica y la complicada situación económica, producto de un Estado ineficiente, hacen que las grandes inversiones tampoco lleguen. El mercado nacional es chiquito, regulado y no puede dar respuestas a las necesidades de un país, que tiene reprimidas millones de oportunidades.
Si aplaudimos a Paula y su verdulería familiar, y nos negamos a mandarle a la policía para que se la lleven presa, debemos rediscutir el modelo estatista cuasi fascista que generó la clase política nacional.