La coparticipación socialista: el problema del que no se habla en Argentina

Buenos Aires Ciudad, la Provincia y la Nación están en conflicto por la transferencia de fondos. Irán a la justicia, pero no se discute el problema de fondo

Se terminó la «amistad». Fernández le sacó dinero a Larreta y el intendente reclamará en la Corte Suprema de Justicia. (Twitter)

El conflicto salarial de la policía bonaerense terminó generando un nuevo cortocircuito entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Probablemente el más importante de los últimos tiempos. Con el Estado absolutamente quebrado y con poco margen para subir impuestos, ya que Argentina tiene una de las cargas fiscales más pesadas del mundo, Alberto Fernández salió al auxilio de Axel Kicillof. El presidente, demostrando que hace lo que quiere con los recursos nacionales, transmitió un comunicado informando que había decidido sacarle plata de la coparticipación a la Ciudad Autónoma para dársela a la Provincia. ¿La razón o excusa? Que Mauricio Macri había transferido más recursos de los necesarios en la gestión anterior, por lo que ahora la administración porteña tendrá que poner los recursos para el aumento salarial de las fuerzas de seguridad provinciales.

Horacio Rodríguez Larreta, 24 horas después, respondió con otra transmisión absurda en el mismo formato: el dirigente habla en un primer plano, con una veintena de funcionarios detrás, en señal de apoyo político, sentados con barbijo puesto. Resulta indignante que los dos referentes máximos de la cuarentena, que nos insisten con el encierro y el aislamiento, tengan que comunicar de esta manera absurda. ¿Cuál es la necesidad de tener a toda esa gente sentada a la hora del parte de prensa? Claro que ninguna. Otra contradicción absurda que debería generar indignación, pero que, lamentablemente, pasa desapercibida.

El conflicto en cuestión llevará a las autoridades porteñas a la Corte Suprema y mientras tanto, Larreta deberá asignar prioridades para garantizar los servicios básicos. Seguramente, para pagar la policía, la salud y las escuelas, el intendente tendrá que dejar de lado las veterinarias públicas, los campeonatos mundiales del asado y otros delirios absurdos en los que despilfarran el dinero de los contribuyentes. Debería haberlo hecho hace tiempo, no por la obligación del agujero fiscal de último momento, sino para bajar los impuestos.

Como suele ocurrir con los conflictos políticos en Argentina, una vez más, el problema de fondo no forma parte de la discusión. Oposición y oficialismo discuten cómo dividir el botín, pero nadie cuestiona el sistema nefasto que lo genera: la coparticipación federal de impuestos.

Este mecanismo, creado en 1935, modificó y destruyó el sistema federal. Antes las provincias y municipios recaudaban lo que gastaban y el Poder Ejecutivo nacional cobraba otros impuestos para los gastos federales. Desde la década del treinta que el sistema viene mutando por otro de incentivos perversos: la recaudación centralizada y la repartija política. Lamentablemente, desde 1994, este engendro socialistoide tiene rango constitucional.

En la Argentina de hoy, la discusión por el federalismo, que supuestamente todos defienden, es la distribución igualitaria de los recursos. Una verdadera discusión federal sería cambiar el sistema. Dado que ya tiene rango constitucional y es un peligro llamar a una reforma, lo más prudente sería reducirlo a su mínima expresión posible, lo que se podría hacer mediante una ley del Congreso.

Además de la discrecionalidad política de la asignación de recursos, este sistema genera la perversión de provincias productivas que financian otros distritos donde prima el «empleo público». De esta manera, diversos bastiones del país se convierten en enormes cajas clientelares, mientras en otros rincones del país se trabaja de sol a sol para pagar la fiesta política. Todo esto se terminaría si cada provincia gastara lo que recauda. Incluso se abriría el juego para una competencia fiscal virtuosa, donde los gobernadores e intendentes quieran bajar los impuestos para atraer inversiones y aumentar la recaudación.

Si bien es cierto que es imposible modificar el sistema de la noche a la mañana, ya que, como dijimos, hay sitios absolutamente improductivos que sin los fondos nacionales no pueden subsistir, sí se puede avanzar en la dirección correcta. De la misma manera que la coparticipación federal creció desde 1935, se podría generar un proceso inverso para que el lapso de una década cada uno deba subsistir con sus recursos. Mientras que los gobernadores se sigan peleando por las migajas del poder central, el país rico y federal que puede surgir será absolutamente imposible.

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