A 30 años de la transición hacia un régimen democrático en la Argentina, los argentinos ya no llevamos a cuestas la pesada carga de la palabra “inestabilidad”; y pareciera que hemos desarrollado instituciones democráticas fuertes, con capacidades para canalizar los conflictos y dar respuestas. Quizás hoy la pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué frente a instituciones formales fuertes, seguimos con prácticas informales de la misma intensidad que socavan el normal funcionamiento de una República?
¿Será como dicen Casullo e Itzigsohn, que tenemos “capacidades democráticas” pero sufrimos la falencia de “capacidades estatales”? ¿O tal vez Perez-Liñan, en su famoso libro “Juicio al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina”, tiene razón al afirmar que las democracias latinoamericanas se muestran decididas a castigar la corrupción, pero sumamente impotentes para evitarla?
Vamos por partes. Hace menos de una semana, fueron absueltos Fernando De la Rúa y otros siete acusados más, por uno de los casos más relevantes de corrupción de los últimos años en la Argentina (por lo menos de los que se hicieron públicos). Los mismos estaban acusados de pagar unos y recibir otros, $5 millones de pesos para la aprobación de la Ley N° 25.250 de flexibilización laboral impulsada hacia el año 2000 por el gobierno de la Alianza.
El inicio de la causa habría tomado impulso cuando uno de los acusados, Mario Pontaquarto, no sólo confesó el hecho, sino que hizo responsable al ex presidente De la Rúa de ser quien habría prestado autorización para la transacción.
El fallo por el cual todos los acusados fueron absueltos es una suerte de crónica de lo increíble, entre la ingenuidad, la tomada de pelo y lo bizarro. En el mismo se puede leer la infinita cantidad de contradicciones que prestó Pontaquarto al momento de declarar ¿el arrepentido se arrepintió a medias? De no ser así deberíamos pensar que no sólo es corrupto, sino que también es esquizofrénico. ¿Cómo alguien puede olvidar tan rápido lugares, uniformes, situaciones para nada cotidianas, charlas o por ejemplo, el hecho de cargar fajos de billetes por 50 kg, siete pisos por escaleras? Si eso es algo de todos los días para el querido Mario, ¡qué vida dichosa la suya!
Volvamos al rol de nuestras instituciones. El proceso que tan sofisticado consideraba el recientemente fallecido Juan Linz, el juicio político al presidente, tuvo lugar como se debía. La Argentina mostró sus dotes republicanos con la activación de sus mecanismos de control horizontal entre poderes. Desde el inicio de la causa a su resolución, fueron 13 años los que pasaron, quizás objetable para muchos; en mi opinión son los tiempos del Derecho y poco dicen de la capacidad de castigar la corrupción que presente un país.
El problema encuentra su origen cuando las instituciones que activaron la accountability horizontal, no tienen la eficacia que exigimos quienes estamos como meros espectadores frente a este tipo de sucesos. La falta de pruebas puede amparar a los acusados frente a la ley, pero no contra la ciudadanía, que suele juzgar la inmoralidad de forma intermitente, pero a la vez intensa. Como dijera el politólogo Andrés Malamud, quien no sabe que en Argentina se pagan coimas, es extranjero o distraído. No necesitamos de un fallo para saber, o tan sólo suponer qué fue lo que pasó 13 años atrás.
Este artículo no pretende ser juez de nadie, quizás si dar cuenta de lo inadmisible: un ex presidente, senadores, y funcionarios públicos acusados de corrupción, sea por maniobras políticas o no. Un denunciante que buscando ser el paladín de la anti-corrupción, muere en el intento, sea por maniobras políticas o no. Nombres surgidos en el juicio tales como Aníbal Ibarra (ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y Alberto Fernández (ex Jefe de Gabinete) al parecer también involucrados, sea por maniobras políticas o no. La libertad de todos los recién mencionados, sea por maniobras políticas o no.
Los desconcertados, nosotros.
¿Las instituciones están tan atravesadas por la corrupción, que éste fue sólo un eslabón más, que pagó el precio de hacerse público? ¿O todos estos 13 años De la Rúa fue víctima de una maniobra política para su derrocamiento? Lo único de lo que podemos estar seguros es que después de una década de lo sucedido, contamos con más interrogantes que respuestas.
Podemos respondernos de esta forma, la pregunta sobre la convivencia de instituciones fuertes y prácticas informales, siguiendo la línea del teórico político y social noruego, Jon Elster, cuando nos dice que “la variación en corrupción a través de los países se explica en gran medida por el grado de compromiso público de sus funcionarios y no por la inteligencia del diseño institucional”.
Si las capacidades democráticas están, y el diseño institucional también, ¿de qué adolece la Argentina de hoy? En mi opinión, la respuesta (aparentemente más sencilla pero intrínsecamente más complicada) es: Cultura Política.